Por: Staff
Durante la administración Silvano Aureoles Conejo, el gobierno estatal pagó millonarias rentas por cuarteles de seguridad inexistentes, aseguró el jefe del Ejecutivo estatal, Alfredo Ramírez Bedolla durante una conferencia de prensa.
El modelo de corrupción ejecutado para financiar la construcción de esos inmuebles en los que además de construyeron bunker blindados y con lujos para comodidad del gobernador en turno, dijo representa un quebranto estimado en más de 5 mil millones de pesos.
Ramírez Bedolla destacó que se simularon contratos de arrendamiento para evadir la reglamentación de los procesos de licitaciones y adquisiciones. El cuartel de Uruapan, recalcó, “es un caso sin precedente que representa el abc de la corrupción…”.
El gobierno estatal pago primero renta y luego adquirió a un sobrecosto el terreno del cuartel, predio que ya el Ayuntamiento de Uruapan le había cedido en comodato.
De acuerdo con la investigación gubernamental y que será judicializada en breve, la administración silvanista erogó 5 mil 186 millones de pesos en contratos para proyectos ejecutivos, arrendamiento, mantenimiento y compra definitiva de siete cuarteles de la Policía Michoacán que además cuentan con “casas de gobierno” blindadas y helipuertos en los complejos de seguridad de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro.
Fue a través del Subcomité de Adquisiciones del Sistema de Seguridad Pública que se autorizó la adjudicación directa a la inmobiliaria DyF S.A de C.V., con la que se contrataron servicios de desarrollo y arrendamiento en 2016 y 2017, sin que dicha empresa tuviera la posesión real y material de los inmuebles.
Alfredo Ramírez, acompañado por el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña y por el titular de la SSP, dijo que “en Apatzingán, el contrato se firmó en 2016 y el inmueble se inauguró en 2018, pero la empresa adquirió el terreno hasta 2019”.
Se informó que entre los siete cuarteles de la Policía Michoacán se destinaron 3 mil 425 millones 737 mil 999 pesos para la elaboración de los proyectos ejecutivos, arrendamiento y mantenimiento, y tan solo dos días antes de concluir la administración (28 de septiembre del 2021), se erogaron otros mil 760 millones 366 mil 289 pesos para la compra de los complejos, de los cuales algunos lucen abandonados.
