Por Adán García
En Tarecuato no tienen duda: la masacre de 11 de sus pobladores fue ejecutada por sicarios de Cárteles Unidos, el grupo criminal que disputa la plaza al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que lidera el michoacano Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.
Y lo saben porque una célula de ese grupo criminal lleva, no semanas, sino meses operando en esa localidad del municipio de Santiago Tangamandapio, cerca de la colindancia con Jalisco, que es, también desde hace tiempo, un campo de batalla de la delincuencia organizada, como ocurre en más de 40 de los 113 municipios del estado.
Para los habitantes, la múltiple ejecución del pasado 1 de noviembre tiene inclusive autores bien identificados en la localidad y quienes han hecho de ese su territorio. Les apodan “La Venada”, “El Metro”, “El Huicho”, “El Ratón” y otros que tienen instalados en ese perímetro diversos campamentos que funcionan de refugio, campo de entrenamiento y trinchera para evitar la incursión de grupos rivales.
La versión se empalma con las investigaciones que llevan a cabo las autoridades, las cuales refieren que los 11 asesinados se habían internado en un área custodiada por sicarios y que estos los abordaron, interrogaron y finalmente decidieron ejecutarlos a pesar de que no significaban ninguna amenaza para sus intereses.
Su único “pecado” fue transitar en territorio narco cuando pretendían colectar miel de abeja para comercializarla en el pueblo, donde tienen la tradición de usar los panales para decorar las tumbas de sus difuntos el Día de Muertos.
No les importó a los criminales saber que se trataba de civiles inocentes, desarmados y, varios de ellos, aún menores de edad. Cinco de ellos tenían solo 17 años y uno más apenas había llegado a los 15 años; eran de familias humildes. Algunos jugaban en equipos locales o iban a la escuela. Aún así los masacraron a todos. Nadie sobrevivió.
Hasta antes de ese episodio, Tarecuato no figuraba como foco rojo en el semáforo gubernamental. Al menos no públicamente, a pesar de que los antecedentes ya arrojaban luces incandescentes para alertar de que algo grave estaba sucediendo en esa comunidad indígena y no se actuó en consecuencia. Fue una masacre anunciada.
Ahí está el asesinato del tesorero del Comisariado de Bienes Comunales, Juan Govea Solares, ocurrido el 10 de febrero; o la quema de una estación de gasolina sobre la carretera Jacona – Los Reyes, que hace recordar la ley que impusieron “Los Caballeros Templarios” a inicios de la década pasada. Dicho atentado tuvo como antesala, solo dos días antes, la ejecución de su propietario.
Ahí está el crimen del ex jefe de tenencia, Salvador Amezcua, a mediados de mayo, o el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida en una camioneta en el mes de junio… o la ejecución de otros cinco hombres el 21 de julio, cuyos cuerpos fueron abandonados sobre una brecha que conduce a la comunidad de Las Estacas.
Pero ninguno de esos hechos violentos motivó una acción operativa contra el crimen organizado en la zona.
Ni el enfrentamiento de militares con sicarios, a inicios de octubre, volcó al Estado para tratar de recuperar el territorio en Tarecuato. En ese tiroteo, un militar y seis criminales cayeron abatidos. La guerra en ese punto michoacano ya estaba desatada y desencadenó en la ejecución de los 11 civiles inocentes en la víspera del Día de Muertos.
Y aunque la masacre obligó finalmente un amplio despliegue militar y policiaco que se extendió hasta los alrededores, la historia nos dice que difícilmente se podrá ganar la batalla al crimen organizado cuando se le ha dejado crecer, al grado que muestra, cada vez que se lo propone, una poderosa y desafiante capacidad logística, económica y de fuego.
Menos aún se le podrá vencer sin la acción contundente, decidida y frontal de las fuerzas armadas, trágicamente ahora asignadas a otras tareas y estrategias, para nada bélicas ni lesivas contra los criminales y su avasallante arsenal.
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Cintillo
Al menos en el arranque, Roberto Monroy García y Sandra Carolina Rangel Gracida han sorprendido al interior del propio gabinete estatal; llevan palomita. A diferencia de Tamara Sosa Alanís y Cuauhtémoc Ramírez Romero.
