Por: Salvador García Soto
La red de contratos y corrupción del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga llegó también a varios estados de la República donde el empresario chiapaneco, hoy prófugo de la justicia, ofrecía distintos servicios a gobiernos estatales. El Gobierno de Michoacán contrató en 2017, con el gobernador perredista Silvano Aureoles, a una empresa de tecnología e informática propiedad de Álvarez Puga, a la que se le pagaron 132 millones de dólares en cinco años de duración del contrato (cerca de 2 mil 700 millones de pesos) para instalar y operar un sistema de espionaje, a través del monitoreo y seguimiento a direcciones IP y teléfonos celulares que operó en la pasada administración.
Integra Software es la empresa a través de la cual el gobierno de Silvano Aureoles pagó a Álvarez Puga un contrato que el gobierno estatal aceptó firmar en dólares estadounidenses que se pagaban cada mes con el tipo de cambio imperante. Cada mes, desde marzo de 2017 a abril de 2021, esa empresa recibió 2.5 mdd de pago mensual por sus servicios de “monitoreo y seguimiento” a las direcciones IP de todos los michoacanos. Fueron 51 meses de contrato y el primer pago fue de 7 mdd, lo que en total representó un gasto de 132 millones de dólares que pagó la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Michoacán durante los cinco años que duró la vigencia del contrato.
El contrato, del cual está columna tiene copia, se hizo por adjudicación directa, se firmó en Morelia, en enero de 2017, en el segundo año de gobierno de Aureoles Conejo, y tiene el número CAPDE-1SGAB-00117. En él aparecen las firmas del secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza; del titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Guillermo Loaiza Gómez, mientras que por Integra Software, firmó Raúl García Palacios como “administrador único”.
En el objeto del contrato se establece que la empresa de tecnología e informática instalará un centro que permita al gobierno estatal “el monitoreo y actualización constante de las direcciones IP (computadoras, teléfonos y tabletas) en todo el territorio del estado y cada uno de sus municipios” además de la instalación de 12 terminales y pantallas de monitoreo que la empresa se compromete a mantener “en servicio y mantenimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año”, según dice el contrato.
De acuerdo con fuentes que conocieron de la instalación y operación de ese “sistema de monitoreo y seguimiento de direcciones IP”, se trataba en realidad de un centro desde donde se practicaba espionaje y seguimiento a teléfonos celulares y equipos de cómputo no sólo de Michoacán sino de todo el país, y en donde se espiaba a personajes políticos, empresarios, periodistas y otras personas públicas. Para ello, la empresa Integra Software ofreció un software para el seguimiento de las direcciones IP cuyo nombre no aparece nunca mencionado en el contrato, pero se menciona que “la tecnología usada es única en el mundo”.
