Por: Julián Andrade
Durante 10 meses el presidente Andrés Manuel López Obrador no visitó el estado de Michoacán. Le molestaba el talante del entonces gobernador Silvano Aureoles.
Al menos dos problemas se acrecentaron durante ese periodo de ausencia presidencial: la violencia criminal y las protestas de los maestros de la CNTE. En ambos casos, la responsabilidad del gobierno federal es evidente.
La seguridad. La zona de tierra caliente se convirtió en una zona de disputa entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y grupos delictivos locales que, sumados a autodefensas, trataron de contener el avance.
La población quedó a merced de la ley del más fuerte y la elección tuvo que ser anulada por el Tribunal Electoral en los distritos 22 y 24 por la notoria acción del crimen organizado para influir en los resultados.
Este sábado, el titular del Ejecutivo anunció un ambicioso proyecto para apoyar al estado, en el que se contempla un despliegue de fuerzas de seguridad de alrededor de 17 mil elementos de diversas corporaciones y de modo destacado la Guardia Nacional.
El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, reveló que en Tepalcatepec y Aguililla se había retomado el control territorial, obligando al CJNG a replegarse a los límites con Jalisco.
En los hechos, aunque se diga lo contrario, hay un viraje en la política de seguridad, al menos en lo que respecta a ese estado, y es que la situación era intolerable.
Aunado a ello, a partir de la toma de posesión de Alfredo Ramírez Bedolla, la responsabilidad de garantizar la seguridad pública ya no puede ser achacada a partidos opositores.
Por eso resultó importante que en la comitiva presidencial estuviera el coordinador de asesores, Lázaro Cárdenas Batel, quien también gobernó el estado y fue quien solicitó al entonces presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006, el apoyo para enfrentar a grupos delincuenciales que extorsionaban a la sociedad.
En los hechos, la situación es similar, porque ahora también el nuevo gobierno requiere de respaldo para enfrentar a organizaciones delictivas con una alta capacidad de fuego.
Como en 2006 o a finales de 2012, la población está desesperada y urgida de auxilio. Las muestras de poder y desfachatez de los criminales en lugares como Aguililla, no hay hecho sino fortalecer la percepción de que no existe ni el control y mucho menos la voluntad para hacerse cargo de una situación tan compleja.
Como debe existir, también, para resolver la situación de los maestros que no han recibido su salario y terminar con los chantajes de la CNTE, quienes impiden la libre circulación y complican inclusive el abastecimiento de diversos productos, al cerrar las vías del ferrocarril, lo que afecta a todo el país.
En ello tampoco hay espacio para las coartadas, ya que la CNTE está en el gobierno estatal.
