Por: Manuel Díaz
El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió el debate en torno a reformar al Poder Judicial y al INE. Dos instituciones que, se sabe, lo incomodan de manera brutal.
Sin embargo, el compañero presidente no ha aclarado el sentido de su propuesta ni qué pretende con ella, lo único que sabemos es que las resoluciones de estas instituciones lo incomodan y que no le gusta que lo contradigan.
El punto es -y que sirva para emplazar al compañero presidente y a su consejero Jurídico, Julio Scherer, para que ofrezcan, una “exposición de motivos” donde expliquen con claridad cuál es el sentido y hacia dónde quieren llegar con la Reforma al Poder Judicial y del INE- que, hasta ahora, lo único que sabemos es la molestia de AMLO por las resoluciones contrarias a su interés.
Al final, podríamos entender que no se trata de un desacuerdo con la reforma al Poder Judicial que en su momento realizó el presidente Ernesto Zedillo, pero que su autoimpuesta “superioridad moral”, no se ajusta ni con la Constitución ni con las leyes que de ella emanan:
“Yo no voy a proponer ningún cambio a la Constitución como lo hizo Zedillo, no, porque quiero que haya división y equilibrio de poderes, al mismo tiempo voy a estar denunciando todos estos actos de corrupción que se dan en el Poder Judicial como cualquier ciudadano y tengo la esperanza de que despierte el Consejo de la Judicatura y que asuma un papel más activo, porque ese consejo es el encargado de vigilar la conducta de jueces, de magistrados, de ministros, de conformidad con la ley. Entonces, ellos pueden avanzar para moralizar el Poder Judicial, para purificar el Poder Judicial”.
Pero el debate sobre una reforma al Poder Judicial no puede partir de premisas arbitrarias basadas en una supuesta autoridad moral, eso no puede pesar más que la ley, ni mucho menos bajo premisas como: “La gente no puede someterse a la Ley”.
No es broma así lo dijo:
“En el caso de los ministros no veo, la mayoría no quieren el cambio, no veo que haya voluntad. A lo mejor me equivoco ¿no? y ojalá y me equivoque, pero no los veo con interés de hacer justicia, tienen una concepción -en el mejor de los casos- muy ortodoxa en la aplicación de la ley, no son capaces de entender de que la ley se hace para la gente, que la gente no puede someterse a la ley.”
Transformación o retroceso
Con AMLO vamos en el sentido contrario a una democracia moderna. Su propuesta de “transformación” no es más que el regreso a la estructura que mantuvo al PRI en el poder por 70 años.
Los cambios que permitieron la consolidación de la democracia en México iniciaron con Ernesto Zedillo quien promovió reformas encaminadas a una estabilidad política, económica y social que perduró por más de 20 años.
Precisamente la primera reforma de Zedillo fue al Poder Judicial que no se había modificado desde los años cuarenta del siglo pasado y que actuaba simple y llanamente como una extensión del Poder Ejecutivo, es decir, estaban a la orden del presidente. La ley era la que dictaba el presidente, como ahora pretende AMLO.
La reforma del expresidente Zedillo redujo el número a 11 magistrados propuestos por el presidente y ratificados por el Congreso y su periodo no depende del calendario electoral, por lo que son independientes al igual que sus decisiones.
También se creó el Consejo de la Judicatura como encargado de regular y vigilar que las decisiones de jueces y magistrados se apeguen estrictamente a las leyes y a la Constitución y no a intereses de orden político ni de superioridad moral.
Tristemente para AMLO, a partir de los fallos contrarios a su interés por ser notoriamente inconstitucionales, como el caso de la Ley de la Industria Eléctrica, este poder es “corrupto” y está a la orden de los poderes maléficos y, bajo esa premisa, sugiere regresar a la etapa anterior a la reforma de Zedillo, es decir que dependan del presidente, o sea, de él.
El INE
Otra institución que tiene furioso al compañero Andrés es el INE. Un instituto que adquirió su independencia y ciudadanización con la reforma de 1996.
Además, con la creación del TEPJF, otro órgano independiente de los partidos y del Poder Ejecutivo, la reforma político electoral también dotó de certeza jurídica a las elecciones, al quitar al Congreso la función de órgano calificador de las elecciones de las que era juez y parte.
Aunque el INE fue la institución mejor calificada por la ciudadanía, el único actor político que nunca los ha reconocido es AMLO, quien por su autoimpuesta “superioridad moral” pretende decidir cuándo y cómo se deben organizar las elecciones y quiénes cometen o no delitos electorales, tal como era antes, cuando Bartlett era responsable de las elecciones.
AMLO debería consultar a su exsecretario de Educación y actual embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, quien promovió las reformas de Zedillo a la SCJN y al INE, a ver si así entiende la lógica y quizá logre dar sentido democrático a su ocurrencia o propuesta, porque hasta ahora no lo tiene.
De mantener la ambigüedad y continuar insultando a los Magistrados y Consejeros Electorales, lo único que obtendrá son especulaciones como que su pretensión de aumentar el periodo del presidente de la SCJN, fue un ejercicio de promoción para, llegado el momento, alargar su mandato más allá de lo que marca la Constitución.
