Maricela Montero Andrade / @esteeselnoanoa
En México la marea no ha dejado de subir con fuerza en las últimas semanas y contrario a las banderas rojas que se usan en las playas para indicar que hay marea alta, nosotras estamos extendiendo banderas verdes por todo el país ya que en las últimas semanas se han logrado avances históricos sumamente importantes en la lucha por la conquista y reconocimiento de los derechos de las mujeres.
Han pasado 14 años desde que la interrupción del embarazo fue reconocida por primera vez en México como un derecho, convirtiéndolo en un tema de interés en la agenda pública del país, en los congresos y en las discusiones de la sociedad civil, sin embargo, seguimos debatiendo sobre aborto si o aborto no, cuando en realidad es aborto legal o aborto clandestino, pues las mujeres abortamos con y sin permiso del estado.
Por esto nos resulta sumamente plausible que el 20 de julio, a sólo unas semanas de que el Congreso de Hidalgo sacó sus banderas verdes, Veracruz -ese rinconcito donde hacen su nido las olas del mar- decidió sumarse a la marea brava, convirtiéndose en el cuarto estado en despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación, precedido solamente por Hidalgo (junio 2021), Oaxaca (octubre 2019) y Ciudad de México, siendo la pionera en 2007.
También a inicios de este mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pintó de verde, pues mediante una sentencia declaró inconstitucional penar el aborto por violación tras 90 días de embarazo, esto es un precedente histórico importantísimo para la lucha feminista dado que significa que la SCJN considera que la limitación temporal para la interrupción legal del embarazo producto de una violación es un acto de violencia contra la mujer que afecta sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y salud mental. Lo que nos ayuda a garantizar, que a pesar de lo que dicen los códigos penales de los estados, la mujer tendrá derecho a interrumpir su embarazo en cualquier momento de la gestación si éste es producto de una violación, tal como lo indica la NOM-046, que además establece que en estos casos no es necesario interponer una denuncia penal para acceder a un aborto.
El aborto es un tema de salud pública, de derechos humanos de las mujeres y de progreso social que las diputadas y diputados tienen en deuda con las mexicanas, pues la interrupción legal del embarazo (ILE) es un derecho que está reconocido y garantizado en la gran mayoría de los países desarrollados del mundo, y no es casualidad que, salvo en Argentina, Sudáfrica y la totalidad del continente Oceánico, en todo el sur global esté penado. Lo que evidencia que el aborto es un derecho que ha sido restringido a las mujeres por las políticas colonizadoras, clasistas y limitativas que buscan restringir nuestras libertades, borrándonos como sujetas de derechos.
En sólo 4 de los 32 estados del país, las legisladoras y legisladores han comprendido que una ley que criminaliza el aborto obliga a las mujeres a parir, pero una ley que lo despenaliza no obliga a ninguna a abortar. Y si, sólo son 4 de 32, sin embargo, 3 de esos fueron conseguidos en menos de 2 años. Es decir que lo que no se había podido conseguir en más de un a década, se logró en 18 meses.
Sabemos bien que todavía nos faltan más y no pararemos hasta lograr que la marea nos alcance a todas, pues mientras las mujeres veracruzanas, hidalguenses, oaxaqueñas y defeñas, pueden decidir libremente si ser madres o no, para las mujeres residentes de otros estados continúa siendo un privilegio de clase, ya que sólo aquellas que tienen los medios para pagar o para viajar, así como el acceso a la información, saben que pueden abortar de manera segura con medicamento, que habemos mujeres y organizaciones enteras acompañando estos procesos y que mientras el estado no despenalice y legalice el aborto, las mujeres lo seguiremos haciendo de manera clandestina, pero segura.
Todo esto nos hace pensar que se acerca un tsunami, y por única vez y único tema, desear que la marea sea tan alta y tan brava que arrase con todo, con las ideologías conservadoras, religiosas y antiderechos que se permean en los congresos de los estados, que arranque de raíz los prejuicios de la gente y que, al fin, en todos los estados del país se ondeé una bandera verde que represente el derecho de las mujeres a decidir.
