Por: Leovigildo González
No es necesario cometer un delito para vivir en una cárcel, así ha sido durante los últimos meses para decenas de familias en Aguililla. Una cárcel custodiada por el crimen, ante la debilidad y ausencia del Estado.
Desde Palacio Nacional, el Presidente ha sido claro «ya no es lo mismo de antes» lo dice con tanta insistencia, que solo quiere ocultar que si lo estamos.
En mayo pasado, se contabilizaban 83 mil 418 homicidios en casi tres años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el 68 por ciento de los que registraron en el sexenio de Felipe Calderón.
Desde que gobernaba el PRI no habíamos tenido un Presidente con el Legislativo a sus píes y con la aceptación con la cual AMLO puede darse el lujo de hacer lo que quiera.
En Aguililla, el Ejército ha salido despavorido, la máxima institución de seguridad que hay en el país, también ha sido exhibida.
Las decenas de familias que diario viven con el miedo de una bala perdida, no saben de estrategias de seguridad, el sometimiento criminal es tal, que hasta la luz eléctrica evita que tengan, pero ya había pasado con alimentos y medicinas.
En otros municipios, cientos de hombres se arman ante el crecimiento continúo de los grupos criminales y los ojos del Ejército y la Guardia Nacional, la orden parece muy clara «no se metan».
Y no se trata de «show», ni de golpeteo político, es una realidad que duele, que exhibe y que urge de respuesta, pero que no logra que se mueva un solo dedo desde el Palacio Nacional donde vive el máximo líder de las Fuerzas Armadas.
Michoacán ha sufrido de estrategias simuladas para restablecer el Estado de Derecho, desde una embestida militar con Felipe Calderón en aquel recordado diciembre de 2006, fue el inicio de decenas de pruebas, ninguna ha funcionado.
Hoy, hay una estrategia que abandona y que voltea a otro lado, los abrazos no funcionan, y los balazos no son usados por las Fuerzas Armadas, pero sí por los cárteles que se pelean cada centímetro de Michoacán.
