Por: Rafael García Tinajero Pérez
A raíz de la publicación del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que, por ley, debe presentar la Auditoria Superior de la Federación el 20 de febrero del año siguiente a la presentación de la Cuenta Pública, en éste caso la del 2019 que se presentó en el 2020, se dieron una serie de acontecimientos que ponen en evidencia la polarización política que afecta al país; lo bajo que ha caído el debate político nacional en el que las ideas y la razón han cedido su paso a la ignorancia y la mala fe para convertirse en un diálogo de sordos en el que la víscera predomina sobre la neurona y lo peor de todo, el acelerado proceso de destrucción al que están siendo sometidas instituciones públicas forjadas a lo largo de las últimas 3 décadas y cuya razón de ser es el equilibrio y control del ejercicio del poder público, la transparencia y la rendición de cuentas, entre otros objetivos , como debe ser en un Estado democrático de derecho.
Una de esas instituciones es la Auditoria Superior de la Federación (ASF) un órgano técnico especializado, dependiente de la Cámara de Diputados que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado o ejercido recursos públicos federales. Su función es vigilar el buen uso del patrimonio público; revisar la aplicación de recursos y programas públicos; comprobar que el dinero público llegue al destino programado y que se ejerza conforme a lo legalmente establecido.
Audita los fondos públicos y las dependencias públicas están obligadas a responder a sus observaciones y acciones. El Auditor Superior, que es quien dirige a la ASF, es electo por el pleno de la cámara de diputados a propuesta de los grupos parlamentarios representados en la Comisión de Vigilancia de la ASF la cual a la vez es fiscalizada por un órgano interno de control dependiente de la misma comisión para vigilar que el trabajo de la ASF sea técnico, neutral, sin sesgo partidario o ideológico.
Cuando la ASF detecta una irregularidad en el manejo de los recursos públicos está obligada a actuar emitiendo recomendaciones, solicitudes de aclaración o pliegos de observaciones que de no ser satisfechos en los 30 días hábiles siguientes dan lugar a acciones correctivas que pueden derivar en responsabilidades fiscales, administrativas o penales por parte de los funcionarios responsables de la administración y ejercicio de los recursos auditados.
El Informe del 20 de febrero consta de 1,358 documentos sobre otras tantas áreas y proyectos en los que se han usado recursos presupuestados y abarcan a los tres poderes, los tres órdenes de gobierno, órganos autónomos, entidades paraestatales, etc. Y en prácticamente todos ellos hay observaciones. Basta con señalar que el 55% de estas van dirigidas a los gobiernos de los estados.
Los medios hicieron su trabajo, dieron a conocer el informe de la ASF, allí no hubo falla como no la hubo en comunicar las conclusiones sobre los costos de la cancelación del nuevo aeropuerto, la fuente era el propio informe. Los comunicadores centraron su atención sobre este último rubro, quedaron fuera de los reflectores la cantidad de señalamientos sobre irregularidades en el uso de recursos públicos contenidas en miles de documentos del propio informe.
Posiblemente la propia ASF tuvo errores al calcular el costo de la cancelación del NAICM, pero eso no justifica la reacción iracunda del Presidente de la República contra esa institución, descalificándola y acusándola de intenciones políticas, contrarias a su gobierno y a la cuarta transformación y de dar municiones a sus adversarios; tampoco justificaba pedir la cabeza del auditor lo que en los hechos es dar la orden a su bancada en el congreso para que lo destituyan. Su respuesta tuvo que ser más moderada e institucional dando la orden a sus subalternos de responder en el lapso legal de 30 días hábiles a todas y cada una de las observaciones de la ASF.
Por su parte el economista David colmenares Paramo reacciono al enojo del presidente con una excesiva docilidad, prometiendo una revisión de lo que forzosamente tendría que revisarse en transcurso del periodo y por los medios que la ley prescribe para esto.
La oposición política partidaria representada en la cámara de diputados optó por pedir también la cabeza del auditor Colmenares, por considerar inadmisible que este cediera y reculara ante el adversario político. Esta oposición debió exigir al presidente respeto a la ASF, órgano dependiente del poder legislativo y que se hicieran las aclaraciones pertinentes por el camino legal, respondiendo punto por punto a las observaciones de la ASF.
A todos los actores de éste sainete les gano la víscera, el hígado venció al cerebro y en su torpe actuación, como chivos en cristalería casi acaban con la credibilidad y el prestigio de una institución importantísima para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la impunidad esenciales en lo que ha sido la bandera principal del Presidente, la lucha contra la corrupción, la ASF.
Unos lo hacen por ignorancia, otros por inocentes y otros más por mala fe, pero tanto desde el gobierno como desde la oposición pareciera haber la intención de romper instituciones democráticas y para la rendición de cuentas, instituciones que alberga esta incipiente, inacabada, frágil democracia que también parece de cristal.
