Código Alpha/Santiago Núñez.
Ahh la 4T, esa bella transformación política del país que desde un principio dijo basarse en el amor, la fraternidad, los principios republicanos y la ética juarista, esa que prometió que en dos años resolvería la mayoría de los problemas del país y que ganó en las urnas por el tremendo descontento de la gente para el entonces partido en el poder.
Sin embargo al día de hoy podemos decir que resulta preocupante ver como el régimen de Andrés Manuel está actuando de una forma más autocrática y en ocasiones totalitaria que el propio PRI en su versión más rancia durante la década de 1970 o 1980, cuando prácticamente era una aplanadora en el ejercicio del poder público en nuestro país. Recordemos por ejemplo que antes de la consolidación de las instituciones del país el poder presidencial prácticamente controlaba todo lo que se movía en la agenda pública nacional.
Solamente por citar un ejemplo podemos decir que el ahora flamante titular de CFE Manuel Bartlett, era el que encabezaba la nefasta Comisión Federal Electoral, la cual era un órgano dependiente de la Segob, que incidía de manera directa en las elecciones; precisamente el largo historial de corruptelas en dicha institución le dio paso a una de las instituciones que más le han aportado a este país como fue en sus inicios el entonces IFE.
Y así pudiéramos hablar de otras instancias que poco a poco se fueron abriendo paso dentro del proceso de descentralización del poder, para quitarse el cordón umbilical en temas tan sensibles como transparencia, regulación de energía, regulación de telecomunicaciones, banca central y sobretodo procuración de justicia.
En un Estado moderno y democrático las fiscalías o procuradurías generales deben tener autonomía jurídica, técnica, de gestión y en general contar con una serie de mecanismos que garanticen su independencia del poder ejecutivo; pues en pocas palabras de no ser así se corre el riesgo de qué estos entesvtan importantes para el destino de una nación se conviertan única y exclusivamente en el garrote con el cual el presidente en turno puede tundir a gusto a la oposición política.
Hoy somos testigos precisamente de una Fiscalía General de la República que se encuentra en la práctica siendo utilizada como un golpeador político acorde a la agenda de los intereses del gobierno de la República; el ejemplo más claro de ello han sido las filtraciones por cierto ilegales que propios representantes del partido en el poder en las cámaras han realizado sobre documentos donde presuntamente se pide retirar el fueron al gobernador panista de Tamaulipas por supuestos vínculos con la delincuencia organizada.
Claro que existen procesos y normativas que regulan paso a paso en qué situaciones se debe retirar el fuero y que también cualquier gobernador y cualquier ente público es susceptible de ser sometido a investigaciones y eventualmente castigado en caso de que se encuentren actos que la ley tipifica como delito. Sin embargo llama la atención que estas filtraciones ilegales se dan en medio de un álgido año electoral, con una dinámica de ataque y confrontación directa que Andrés Manuel tiene prácticamente a diario contra todos aquellos gobernadores y actores políticos que se muestran contrarios a sus intereses.
Si se compara la actitud de persecución que se ha emprendido desde palacio Nacional contra los opositores y se les contrasta por ejemplo contra el trato amable, los apapachos y la defensa férrea que se ha tenido desde el centro del poder político del país, con personajes tan impresentables como Félix Salgado Macedonio, la reflexión final es el uso selectivo de la justicia y de las instituciones del Estado como parte de una poderosa maquinaria electoral.
Claro que habrá quien pueda decir que por ejemplo las acusaciones contra Salgado Macedonio deben desahogarse en sede estatal y es cierto; sin embargo la comparativa en el uso tendencioso de las instituciones estatales surge en el fondo de un debate donde la autonomía de estos se ve comprometida y solamente se respalda la misma cuando hay que golpear a la oposición. El presidente de la República está siendo irresponsable al defender en sus propias conferencias de prensa a un individuo que es parte de su estrategia electoral, situación que ha sido realizada incluso con muy poca sensibilidad frente a las graves acusaciones que se le imputan y al mismo tiempo tolerar por parte de su partido y las instituciones republicanas la filtración de expedientes, información y demás temas que solamente llevan un asqueroso tufo electoral.
Un estado que tolera el uso electoral de las instituciones definitivamente no puede ser un ente que pueda ser tildado de democrático; es importante que se activen los contrapesos de poder políticos y además legales que están a la mano para evitar esta situación tan lamentable que no se vivía desde los años más rancios del totalitarismo presidencial en México.
Sergio Santiago Núñez Galindo
Abogado y consultor.
Candidato a especialista en seguridad nacional.
santiagonunez@alphaconsultores.com.mx
