Por: Redacción
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades por 57 millones de pesos durante el 2019 en Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los principales programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La entidad fiscalizadora señaló que se le pagó 51 millones 213 mil pesos a jóvenes que se encontraban estudiando, cuando el objetivo del programa es capacitar a jóvenes que no estudian ni trabajan.
En el caso de 3 mil 188 jóvenes, la ASF constató que al mismo tiempo que recibieron los 4 mil pesos mensuales por el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro también eran beneficiarios de apoyos del Sector Educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Otros 183 beneficiarios eran también al mismo tiempo parte del Programa de Apoyo a la Educación Indígena.
La Auditoría también halló que durante de 2019 se les pagaron las becas a 68 personas después que ya habían fallecido, lo cual representa un daño por 482 mil 400 pesos.
Asimismo, identificó irregularidades por 5 millones 396 mil pesos pagados a 718 beneficiaron en empresas que no se encontraron o que declararon nunca haberse inscrito al programa para fungir como centros de trabajos.
Es el caso de 341 beneficiarios que dijeron estar realizando sus capacitaciones en las empresas INAEP, S.A.S. de C.V. y Construcciones y Servicios Lukman, S.A. de C.V., y que al ir a verificar los centros de trabajo encontraron los domicilios abandonados o no comprobaron documentalmente la capacitación impartida para los jóvenes.
Por otro lado, las empresas Barista Factory y Technogourmet declararon que nunca se inscribieron al programa para fungir como centros de trabajo aunque 377 jóvenes se registraron como becarios en ambas compañías, e incluso presentaron denuncias penales por usurpación de identidad.
En la Auditoría De Cumplimiento Forense: 2019-0-14100-23-0374-2020, la Auditoría destacó que estas irregularidades se deben a la falta de mecanismos y procedimientos para validar la supervivencia de los beneficiarios, para constatar que los becarios no están ni estudiando ni trabajando y para certificar la documentación de las empresas que se inscriben como centros de trabajo en el programa.
La entidad fiscalizadora, que hoy entregó la tercera parte de la revisión de la Cuenta Pública 2019, advirtió que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no estableció un control ni un procedimiento efectivo en la validación y verificación de los documentos proporcionados por los aspirantes a becarios como por los centros de trabajo.
Las áreas responsables sÓlo validan que los documentos se adjuntaron en la plataforma digital y que los datos generales capturados en los formularios correspondan con los documentos cargados en la página.
Con información de Latinus
