Por: Jaime Darío Oseguera Méndez
La pregunta sobre censurar las redes sociales es relevante por la iniciativa de Morena para establecer un marco legal en el que los dueños de estos medios de comunicación, como empresa privada, no tengan el control de sus contenidos.
¿Se puede prohibir lo que se distribuye en las redes sociales? ¿En cuales? ¿Es deseable instalar un Tribunal de censura?
El avance técnico de las plataformas que permiten el uso de redes sociales es mucho más rápido que la capacidad de restringirlas. Hoy la tecnología va muchos pasos adelante de la legislación.
Lo virtual se impone irreversiblemente a lo real. La imagen ha sustituido a la palabra y al razonamiento en nuestra vida cotidiana. La televisión antes, y ahora el internet con las múltiples plataformas de intercambio de información, han invadido la intimidad de las personas.
A finales del siglo pasado, Giovanni Sartori publicó un provocador texto “Homo Videns, la Sociedad Teledirigida” que bien puede resumir lo que sucede con las redes: la distribución de imágenes a través de medios electrónicos, ya sea la televisión o el internet en sus diferentes formatos y productos, ha empobrecido nuestra capacidad de razonar sobre los hechos, la verdad, la realidad en sentido amplio. No somos más el “homo sapiens” que a través del lenguaje tiene la capacidad de construir y dar contenido a un lenguaje simbólico. El homo sapiens razona y tiene capacidad de abstracción, pero la imagen, “lo virtual” transforma esa facultad exclusiva del ser humano que le distingue de otras especies.
El hombre teledirigido, dice Sartori, ya no se interesa por los conceptos y su capacidad de hablar, su locuacidad, va desapareciendo ante la imposición de las imágenes construidas, imaginarias. Se sustituye la realidad por la virtualidad y en ese sentido nos impone otra forma de razonar.
Sn embargo la virtualidad de las redes sociales llegó para quedarse. No será posible restrinja por muy dañina que se nos pueda presentar. Lo deseable si, es que existan reglas sobre el manejo de varios aspectos de las redes.
Lo primero tiene que ven con la privacidad de los datos personales. El jaqueo y la venta de bases de datos deberían ser castigados como delito grave. Se pone en riesgo la seguridad de las personas. Todo mundo tiene acceso a los datos de quienes se registran en una red social, a sus teléfonos, edad, preferencias, domicilio y hasta sus cuentas de banco, generando un escenario propicio para la estafa y la extorsión.
Los datos privados se venden sin restricción. Desde los bancos y casas comerciales con un sentido mercantil hasta los mercenarios que hacen mal uso de los mismos. Eso es lo que se debería cuidar, aunque ya existe legislación sobre la privacidad de datos personales y sencillamente no se hace cumplir.
Los dueños de las plataformas sociales como Twitter, Facebook o Instagram por hablar solamente de las más conocidas en México ¿Tienen derecho de restringir lo que se transmite? ¿Quién tiene la capacidad de censurar, eliminar el contenido o clausurar la cuenta de un opositor político?
En todo el mundo se ha tratado de legislar sobre este tema sin mucho éxito. Si la infraestructura de distribución de las redes sociales es pública debe tener reglas y, más importante, deberá tener una propensión al alcance universal y democrático de las mismas. La pandemia nos enseñó que no hay cobertura de redes en la gran mayoría del territorio nacional, condenando al analfabetismo cibernético a los que ya son pobres y marginados en las zonas rurales o alejadas del país o a quienes simplemente no tienen acceso adecuado en las ciudades. Esa debería ser la discusión del momento, lograr que quienes ganan carretadas de dinero con el uso de la infraestructura pública, aseguren señal a los más pobres y marginados para integrarlos a la era digital.
La iniciativa de Monreal contempla regular plataformas con más de un millón de usuarios; obligarlos a que cuenten con una autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien deberá autorizar mecanismos para eliminar o suspender cuentas poniendo a disposición de los usuarios afectados medios para impugnar estas decisiones y se establece que “Solo podrán eliminarse o suspenderse cuentas y contenidos que difundan noticias falsas, expresen mensajes de odio, afecten a los derechos de los menores de edad, revelen datos personales o provoquen algún delito.”
Esta es la parte útil de la iniciativa: hay que castigar los excesos y los delitos. Habrá que poner atención especial en el uso de redes como medio para cometer delitos. Particularmente peligroso es el tema de la pornografía infantil, que genera mundialmente millones de dólares, particularmente porque los padres no saben qué tipo de relaciones establecen sus hijos a través de la red. El castigo al sexting que es la difusión de imágenes íntimas sin el consentimiento de quien aparece en ellas, ha provocado un incremento sustantivo de violencia contra las mujeres.
La trata de mujeres encuentra en el internet el medio idóneo para existir prácticamente en el anonimato.
La violencia criminal del secuestro, la extorsión y el homicidio tienen en las redes un vehículo para su existencia exitosa, ¿esto hace perversas las redes? No. También hay múltiples elementos valiosos pero es indispensable controlar sus efectos perversos. Vamos a ver hacia dónde evoluciona esta discusión y esperamos que no se trate solamente de un mecanismo de control político. Si así fuera no va a tener éxito.
En los países más autoritarios se ha tratado de regular pero sólo ha provocado el cambio de régimen y la caída de dictaduras.
En resumen no se puede restringir ni censurar por muy deseable que esto resulta. Va en contra de la realidad tecnológica y los gobiernos no tienen la capacidad para dar seguimiento a los problemas que se generan el la red. La realidad de las redes sociales es como la de la imbecilidad: no se puede eliminar, sólo se controla.