Con Descartes
Siempre he pensado que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, maneja con mucha habilidad los mensajes mediáticos, y que esa capacidad es suficiente para generar propaganda que impacta en la psique de la población; no por nada Felipe Calderón Hinojosa le persiguió el mote de “espurio” durante todo su sexenio, también logró colocar en el imaginario colectivo a “la mafia del poder”, como todo aquello que consideró sus adversario políticos, tales como Emilio Azcárraga Jean, Ricardo Salinas Pliego, etcétera, quienes ahora, son sus aliados. Lo anterior es muestra de su capacidad de manipulación, de tal nivel que incluso lo que él y su partido hacen mal, lo hace ver bien, aunque implique violentar el Estado Constitucional de Derecho.
Obrador es un individuo que no precisamente en su actuar y en el ejercicio de la función pública y el poder es respetuoso del Estado Constitucional de Derecho; el proceso de desafuero del 2005, derivó del desacató a una orden judicial de un juicio de garantías promovido por un particular, determinación que el otrora jefe de gobierno del Distrito Federal desdeño con el argumento de que la apertura de una calle en una propiedad privada beneficiaria a miles de defeños para tener acceso a un hospital; los obradoristas podrían defender a su líder con ese argumento social, sin embargo, se pisotearon y vulneraron los derechos de una persona, y eso en un Estado Constitucional de Derecho no es factible.
Durante la campaña del 2006, siendo candidato López Obrador a la presidencia de la República, denostó a las instituciones públicas del país, ello porque a su juicio y opinión personal no funcionan de acuerdo a su visión; esta conducta se ratifica ahora que el titular del Ejecutivo Federal, toda vez que ha manifestado su inconformidad en contra del funcionamiento de diversos Organismos Constitucionales Autónomos, incluso en sendas ocasiones ha amagado con desaparecerlos para centralizar esas funciones, es decir, las funciones constitucionales del Estado Mexicano que generan equilibrios democráticos y de ejercicio de poder, los pretende concentrar en su figura, lo que pone en riesgo la vida democrática y la forma de gobierno establecida en la Carta Magna.
El escandalo de corrupción de Emilio Lozoya Austin, más allá de la novela en la que se ha convertido, la forma en la que se le ha dado uso mediático y político-electoral, es la evidencia de la manera en la que el gobierno federal y su titular han vulnerado el Estado Constitucional de Derecho, transgrediendo derechos humanos como lo son los de seguridad jurídica y el debido proceso, han expuesto, juzgado de manera sumaria y mediática a sus adversarios, con una clara idea de sobreponerse electoralmente en el 2021 para mantener una visión única de país sin oposición que genere equilibrios, lo que evidentemente pone en la cuerda floja la vida democrática del país y por consecuencia las libertades y derechos de las personas.
En recientes horas, se dio a conocer un video en el que el hermano del presidente, Pío López Obrador es captado recibiendo dinero para ”apoyar al movimiento y al licenciado”, sin embargo, para Andrés Manuel, eso no es un acto de corrupción pues se trató de aportaciones ciudadanas a su movimiento, lo cual es una falacia, pues la legislación electoral establece reglas para las aportaciones en efectivo para los partidos políticos, y es un hecho que ese dinero no se reportó al INE, lo que deja claro que se trato de un acto de corrupción y de una violación a las leyes comiciales, es decir, la oposición si debe cumplir con el Estado de Derecho, pero Morena y Obrador no están obligados.
Otro desdén de Morena al Estado Constitucional de Derecho es su inconformidad que han llegado a protestas en contra de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que los mandatan a renovar sus dirigencias; el órgano jurisdiccional electoral tiene la obligación de ser la institución garante de la impartición de justicia en materia comicial, por ende, es corresponsable constitucional en conjunto con el INE de mantener la vida democrática del país y de la salvaguarda de los derechos político ciudadanos, por lo que el desacató a sus determinaciones, resulta una transgresión a la Constitución y a las instituciones encargadas de velar por su respeto, traduciéndose esa conducta en una vulneración al Estado de Derecho.
Ejemplos del como López Obrador y Morena se brincan la Constitución y por consecuencia actúan fuera del Estado Constitucional de Derecho puede haber muchos, situación que no es permisible, porque ese desdén por la Carta Magna nos pone en la antesala de un Estado central, unipersonal, con ruta a una dictadura y a la desaparición de la República, la forma de gobierno, la democracia, los derechos humanos y las libertades. La ley se debe respetar por todos, no por unos cuantos; la corrupción se debe ser justiciable para todos, no para unos cuantos.
