Por: Hugo Villa
En semanas anteriores, como se detalló por este medio, trascendió entre la clase política la publicación de los Lineamientos para el Otorgamiento de Fianzas para los Funcionarios Públicos que manejen recursos públicos, ya que los mismos, fueron emitidos con una serie de vicios legales de forma y fondo.
El documento elaborado y emitido por el Auditor Superior, no fue sometido a consideración de los Diputados de la Comisión Inspectora, el cual violaba el principio de presunción de inocencia y los montos a cubrir eran sumamente desproporcionados.
Ante tales atropellos, Presidentes, Síndicos y Directores de Obras Públicas de todo el estado acudieron a firmas de abogados con la finalidad de buscar amparo y protección de la Justicia Federal, así como del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.
A decir del Maestro en Derecho Martín Ramos, “los lineamientos son notoriamente inconstitucionales por lo que es inminente su expulsión del sistema jurídico, ya sea por la vía judicial o legislativa”.
Así, el pasado 12 de junio fue votado por el Congreso del Estado el Decreto con proyecto de dictamen número 343 en el que se establecieron mecanismos puntuales para la elaboración y emisión de los Lineamientos, mediante la imposición de candados cuya finalidad es salvaguardar la Ley es impedir excesos por parte de la Auditoría.
En el referido Decreto se establece que previo a que el Auditor emita nuevos lineamientos estos tendrán que ser dictaminados por la Comisión Inspectora y la de Límites Territoriales, asimismo tendrán que ser aprobados por el Pleno del Congreso. Los funcionarios que actualmente se encuentren en el cargo no estarán obligados a otorgar dichas fianzas, los montos deberán estar plenamente justificados, ser congruentes con la realidad económica y social de los municipios, y, finalmente, se derogan los Lineamientos anteriores.
