Por: Horacio Erik Avilés Martínez
Recientemente ha llamado poderosamente la atención el boicoteo que ha sufrido el proceso de bancarización de la nómina magisterial, mecanismo de pago que es empleado para liquidarle sus salarios puntualmente a decenas de millones de trabajadores en México, dado que les representa múltiples beneficios tanto al trabajador como a la parte patronal, los cuales superan por mucho las posibles desventajas que pudieran suscitarse.
Hoy en Michoacán impera una intensa campaña de desacreditación y rechazo de este proceso, que en cualquier otro ámbito laboral, tanto del sector público como privado pudiera parecer sumamente ordinario, por parte de las cúpulas de la CNTE, las cuales acusan a priori a la SEE de privatización, de desvío de recursos y de un eventual abuso en los ulteriores pagos mediante transferencia electrónica, en aras de que sus mecanismos de influencia sobre el pago puntual a los trabajadores continúen funcionando.
A pesar de la peligrosísima difusión de la pandemia, justo en el estado que menos ha respetado el confinamiento, lo cual incluye un crecimiento importante de las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en la entidad durante los últimos quince días, la Coordinadora no ha titubeado en realizar movilizaciones y bloqueos que exponen a la base bajo su dominio. ¿De verdad es tan amenazadora la bancarización de la nómina magisterial, como para exponer centenares de vidas humanas a un eventual contagio? ¿Qué hay detrás de ello, que les resulta de vida o muerte a los zares de la política sindical estatal? Veamos.
Recientemente, se suscitó un robo multimillonario de cheques correspondientes a los trabajadores de la región de Lázaro Cárdenas, hecho que demuestra el nivel de exposición ante un hecho de violencia al que se someten los encargados de dispersar la nómina de la SEE por mecanismos anacrónicos como son los cheques al portador. Ante ello, se debió bancarizar inmediatamente a los trabajadores de aquella región, generándose una ola de protestas. Derivado de lo anterior, la autoridad educativa ha deslizado información respecto a una serie de irregularidades existentes en la nómina magisterial de aquella región costera, sin aún haber ido a fondo en una auditoría de recursos humanos, pero ya exhibiéndose más que nunca la necesidad de una revisión acuciosa de la nómina educativa estatal.
Definitivamente, no es la base trabajadora la cual rechaza esta modalidad de pago, sino que la principal oposición a este proceso que reitero, resulta natural en el resto del país se da por parte de las cúpulas de la Sección XVIII de la CNTE, ya que el vigente mecanismo de pago mediante cheque les otorga privilegios y mecanismos de control hacia la base, desde múltiples aristas, a saber:
La red de habilitados es sin duda, un tentáculo más desde el cual operan las cúpulas sindicales sus mecanismos de control, siendo intermediarios entre el patrón y el trabajador, con lealtad eminentemente sindical. Los maestros reciben su quincena en tiempo y forma si están congraciados con la red de habilitados, a la cual le tienen que dar una cooperación mínima pero constante para que les entregue su cheque. En caso contrario, una serie de dificultades le advienen al trabajador para poder recibir su quincena, como tener que andar buscando al habilitado por la ciudad o la región, con la consecuente pérdida de tiempo y dinero, lo cual no ocurriría en caso de tener tarjeta de nómina.
Los habilitados son privilegiados con contar con permisos de perder al menos un día de trabajo a la quincena, es decir el 10 por ciento de sus días laborables, para recoger los cheques en la SEE y posteriormente repartirlos entre sus compañeros, recibiendo a cambio una cooperación de algunas decenas de pesos por cada cheque entregado a cada trabajador de la educación. Ser habilitado empodera a los trabajadores de la educación en lo sindical y en la gestoría, así como les permite hacer presencia en la capital de la entidad al menos dos veces al mes, lo cual suele representarles beneficios para la agenda personal.
La prevalencia de la red de habilitados permite el desvío de recursos humanos, la existencia de aviadores, del cobro de salarios de trabajadores ya fallecidos o incluso, el cobro de cheques a nombre de delincuentes insertos en la nómina magisterial, como ocurrió durante una década en el caso del Prof. Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, quien en un caso de corrupción desbordante, permaneció una década cobrando como trabajador de la educación mientras paralelamente se encontraba boletinado entre los diez delincuentes más buscados en la nación, sin que nadie se diera cuenta ni mucho menos acertara a resolver tal acto rampante de corrupción.
Esta red es vulnerable ante la comisión de actos delictivos, ya que posibilita la colusión o la amenaza hacia los trabajadores de la educación habilitados y empleados del área de pagos de la SEE para la comisión de ilícitos como el robo de cheques, el secuestro exprés y la extorsión, hechos que ya han sucedido con anterioridad, llegándose en ocasiones a derramarse sangre por tales motivos.
En seguimiento al punto anterior, llama escandalosamente la atención que, a pesar de los riesgos ya mencionados, los líderes de la CNTE se opongan rotundamente a la colocación de la leyenda “no negociable” en los cheques, con lo cual se obliga a que sean los empleados quienes personalmente cambien o depositen los cheques en cuentas bancarias. ¿Qué intereses buscan proteger con ello?
La existencia de los habilitados es dispendiosa en materia de reimpresiones de cheques, en la pérdida de miles de horas-hombre para recoger los cheques en las oficinas centrales de la SEE y distribuirlos, así como en posteriormente tener que cambiarlos, prevaleciendo el derroche y la actuación de intermediarios en esta medida que data de varias décadas atrás.
La red de habilitados está subordinada a intereses sindicales, dado que al ser un privilegio para quien es designado como tal, suele ser impuesto por los cacicazgos ideológicos imperantes en los centros de trabajo y las zonas escolares respectivas, por lo que, comúnmente les representa a los delegados sindicales tener también control de la nómina magisterial, tener acceso a información personal de los trabajadores de la zona y contar con la incondicionalidad de quien recibe y dispersa los cheques, así como recaba las firmas de la nómina quincenalmente.
Por supuesto, en caso de desear hacerle la vida imposible a algún trabajador de la educación, quincena a quincena se le puede hostigar dificultándole recibir su cheque, especialmente en periodo vacacional o días inhábiles, en regiones dispersas o con mala comunicación telefónica. Los trabajadores de base están obligados de facto a llevar una relación amable con quien tiene el poder de ralentizarle su cobro de nómina o de hacerle perdedizo algún cheque.
Es importante decirlo: no todos los trabajadores de la educación que están en funciones de habilitados son corruptos ni tienen ligas sindicales. Muchos están en centros de trabajo que no tienen dominio sindical definido y muchos lo hacen con espíritu de servicio a sus compañeros. Otros que sí se encuentran bajo la bota sindical lo hacen bajo presión o por necesidad, no siempre por obtener privilegios, debiendo hacer largas filas en la SEE para obtener los cheques de sus compañeros, exponiéndose a eventuales asaltos o a presiones superiores o de sus pares. En suma, existen muchos argumentos sólidos para considerar el acotamiento y la gradual desaparición de esta red.
Si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto de que el pago por tarjeta no puede imponerse al trabajador, es importante que la autoridad haga conciencia e informe a la base magisterial directamente y le haga saber que no se afectan sus derechos ni tampoco hay amenazas que se ciernan sobre su quincena, para que juntos lleguen a acuerdos específicos individuales, sin manipulaciones ni intermediarios.
Por ello, la autoridad estatal debe continuar con el proceso de digitalización y bancarización de la nómina magisterial, en la institución bancaria que sea, pudiendo ser nacional, pública, extranjera o privada, para acotar el eterno alegato de la CNTE de que se “privatizará o se hará negocio con los bancos”, esto con la finalidad de salvaguardar el pago puntual de los salarios de los trabajadores de la educación.
Para los trabajadores de la educación es tiempo de sopesar objetivamente las enormes ventajas que les implica recibir su dinero en tiempo y forma, acordando directamente con la autoridad en la materia, sin intermediarios de ninguna índole, para que se les esclarezcan todas sus dudas y se eliminen los resabios de desinformación que pudieran existir, además de así contribuir cívicamente a que se elimine ese enorme nicho donde históricamente se han maridado la opacidad, la corrupción y la delincuencia en el manejo de las finanzas educativas michoacanas. Esperemos que así sea.
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