Por: Hugo Villa
Los pasados 3 y 5 de junio del presente año, más de 40 funcionarios municipales de más de 30 municipios, liderados por Eva Barriga, Síndico de Tacámbaro de Codallos, presentaron formal demanda en contra de la Auditoría Superior de Michoacán, por la inconstitucional publicación de los Lineamientos para la Tramitación, Contratación, Recepción, Registro, Operación, Aplicación y Determinación de las Fianzas que deben Otorgar los Servidores Públicos Municipales y Estatales del Estado de Michoacán publicados el pasado 13 de mayo del presente año.
Los lineamientos referidos tienen una serie de inconsistencias las cuales fueron advertidas por el equipo de abogados de la firma AlphaConsultores, empresa michoacana especializada en litigio estratégico constitucional, derecho administrativo y municipalismo.
A decir del abogado Santiago Núñez, Director adjunto de dicha firma, el Decreto tiene vicios de fondo y de forma, entre los que destaca la ausencia de fundamento legal vigente del Auditor para emitir los Lineamientos, el no acatamiento del procedimiento establecido en la Ley de Fiscalización para su emisión, así como la desproporcionalidad de los montos y el trato discriminatorio de los funcionarios municipales, a los cuales se les considera como infractores sin siquiera mediar procedimiento y menos sentencia firme por autoridad competente.
Entre las violaciones que más destacan, es la omisión de la Auditoría de, previo a publicar los Lineamientos, turnarlos a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán -integrada por Diputados de distintas fuerzas políticas de la Septuagésima Cuarta Legislatura- para si visto bueno, cosa que no fue así, toda vez que fueron publicados los mismos y posteriormente turnados a la Comisión Inspectora para su conocimiento, lo cual constituye una violación al artículo 89 de la Ley de Fiscalización. Con lo anterior, la auditoría pone en segundo término al Congreso del Estado, autoridad de la cual depende.
Los lineamientos vulneran diversos derechos fundamentales, tales como presunción de inocencia, derechos políticos, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, entre muchos otros derechos que no son observados, cuestión que da lugar a una serie de juicios entablados en contra de la auditoría por no ajustarse a lo que dicta la Constitución Federal y Tratados Internacionales.
Los procedimientos fueron presentados ante órganos jurisdiccionales los cuales en próximos días determinaran sobre la legalidad y constitucionalidad.
