Por: Hugo Villa
En estos momentos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sufre una crisis de valores y comportamiento.
Al priorizar la recuperación de la información en campo, por encima de la integridad y la vida misma de sus encuestadores.
Al parecer al prestigiado Instituto se le olvidó que los encuestadores son personas y tienen derechos laborales y humanos, los comenzó a ver cómo números, como una cifra más, como el deshecho de una simple estadística.
Y es que al día de hoy, solo en el Censo de Población, ya hay una defunción, un encuestador fue abatido a tiros en Oaxaca, una encuestadora en CdMx fue secuestrada y aún no se sabe de su paradero, hay 2 casos públicos positivos de Covid-19 lo cual representa unos 300 casos de posible contagio, y son cifras que el Instituto sigue sin revelar.
Uno de los encuestadores fue obligado por parte de sus superiores a bajar la publicación que había realizado en redes sociales, dónde explicaba la causa de su contagio, esto en CDMX.
Hay una enorme preocupación de los empleados contratados como encuestadores en este proceso Censal, debido a que fueron obligados a laborar en medio de la pandemia y su contrato laboral concluye el próximo 31 de marzo, allí culmina su derecho a servicio médico y atención hospitalaria, y no se sabe cuántos de ellos adquirieron el contagio del virus, por estar en contacto directo con muchas personas y de allí en adelante tendrán que valerse por su propia cuenta para realizar su cuarentena sin derechos laborales.
Muchos trabajadores manifiestan que no renunciaron a pesar del miedo, por amenazas de ser enviados a la famosa lista negra, y nunca más volver a trabajar en Gobierno Federal.
