Por: Martín Ramos
Los medios de comunicación acaban de hacer público que el Senador de la República -y también Doctor en Derecho Constitucional por la UNAM- Ricardo Monreal, pretende proponer una reforma constitucional y legal mediante la cual se establezca una causal de improcedencia de suspensión provisional cuando el acto de autoridad sea una obra pública o de infraestructura en materias de educación, salud, medio ambiente, seguridad pública, seguridad nacional, penitenciaría, comunicaciones, transportes, hidráulica, energética, turística y cualquier otra rama o servicio público que impacten directamente en el bienestar de las personas. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Que el amparo no podrá ser utilizado para frentar las acciones del Presidente de la República, bajo el argumento de que la acción es en “beneficio social”.
Y es que resulta esquizofrénico, que la presunta izquierda -que históricamente busca el equilibrio de las fuerzas y respeto de las minorías- esté planteando una reforma de corte dictatorial, en la que el Legislativo, somete al Judicial, a los pies del Ejecutivo.
Debemos de recordar, que el amparo es una creación mexicana que pretende brindar al ciudadano un mecanismo para defenderse en contra de los actos de cualquier autoridad, cuando esta le vulnere sus derechos humanos, por lo que someter a juicio de la propia autoridad que ejecuta el acto, la consideración de si viola o no derechos su actuar constituiría un fraude al estado de derecho.
Es decir, que eliminar la posibilidad de suspender la ejecución de un acto de una autoridad que viola derechos humanos significa que el ciudadano se quedaría literalmente sin el amparo de la Ley y que el ejecutivo podría hacer y deshacer sin la intervención de nada ni nadie. La reforma planteada rompe duramente con la forma de gobierno republicana al dejar sin efectos el mecanismo de defensa por excelencia del sistema jurídico mexicano; pone por encima al Ejecutivo del Legislativo y Judicial, dejando este último como ornato.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica refieren que el ciudadano debe de tener un mecanismo sencillo y eficaz a su alcance para defenderse de los actos que le vulneren sus derechos, por lo que de plantearse en serio la reforma en comento, podría ser sujeta de revisión al no ajustarse a lo que en materia de legalidad refieren los tratados internacionales, sin embargo, la Corte, como ha quedado patente, ha comenzado a ser cooptada por parte del régimen, por lo que en caso de una eventual revisión la Corte podría afirmar que la reforma es constitucional.
Esperando que la luz llegue a la mente del legislador con supuesto perfil constitucionalista, esperamos que las fuerzas políticas y los legisladores morenistas mas lúcidos, se opongan a tal barbaridad porque, de suceder lo planteado, estaríamos entrando, en serio y de verdad, a un régimen totalitario en el que el ciudadano solamente tendría al alcance un padre nuestro para defenderse del fuerte y el arbitrario.
Culmino estas líneas en busca de algún militante de morena que me demuestre con argumentos que me encuentro en el error y que en realidad la reforma planteada busca un mejor país. Mientras eso sucede, crucemos los dedos para que semejante barbarie no se cristalice.
