Por: Martín Ramos
Desde 1808-1810, el municipio ha ocupado un papel protagónico en la historia política de México. Con la caída de la Corona Española a manos de José Bonaparte en 1808, la estructura política que dimanaba de ésta perdió legitimidad, es decir que el Virrey Juan de Odonojú, al dejar de existir la figura del Rey de Fernando VII, dejó de ser reconocido como gobernante. En ese momento, los ayuntamientos tomaron el control político y la junta de personas comenzó a gobernar.
Desde esa época, el Ayuntamiento, tuvo un reconocimiento jurídico llegando a nivel constitucional y estar consagrado hoy en día en el artículo 115 de nuestra Carta Magna el cual contempla todas y cada una de las potestades que le competen al mismo y, las cuales, son las que son más palpables para el ciudadano común.
Desde los servicios de alumbrado público, seguridad y panteones, entre muchos otros, son las obligaciones que le corresponden al municipio. De igual forma, al ser el primer nivel de gobierno, es decir el que está más cercano al ciudadano, resulta fundamental su fortalecimiento financiero y administrativo con la finalidad de garantizar los servicios que le corresponden.
Muchos erróneamente consideran que el municipio es el “patito feo” de la administración pública por la precariedad financiera de los mismos, no obstante, precisamente ese es parte del reto, toda vez que con esa ajustada cantidad económica con la que dispone el municipio se tiene la obligación de hacer frente a sus obligaciones. A nivel municipal convergen pues, prácticamente todas las ramas del derecho, ya que desde el Ayuntamiento se revisan cuestiones administrativas, constitucionales, penales, en materia de derechos humanos, agrarias inclusive, entre muchas otras.
Ahora, esto no solamente debe ser de carácter enunciativo, sino que la Federación debe de fortalecer el municipio desde lo financiero, con el objeto primigenio de brindar un mejor servicio al ciudadano, que la mayor cantidad de veces recurre en primer término al municipio para la atención y solución de su problemática.
En el presente ejercicio fiscal el nivel de gobierno que se fortaleció fue la propia Federación, por lo que de ahora en adelante, quien tendrá el derecho de juzgar la eficacia del gasto público será el ciudadano lo cual servirá de base para razonar el voto de cara al próximo 2021 en donde se elegirá precisamente a quienes realizan el presupuesto: los diputados.
