Por: Martín Ramos
La democracia mexicana ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas, no obstante, esta forma de gobernar ha sido un difícil proceso que nos ha costado sangre y balas.
Sin el ánimo de remontarnos hasta la revolución, podemos considerar que un primer paso hacia la democracia contemporánea fue la reforma de 1977, misma que derivó de la candidatura única de José López Portillo, en la que surgieron, entre otras cosas, los diputados de partido y el derecho a la información.
Años después, el fraude de 1988 consecuentado por el impresentable (y ahora cobijado por la 4T) Manuel Bartlett, dieron lugar a un otrora IFE ciudadano, en el que José Woldenberg fue el primer consejero con tal carácter de aquel órgano.
Así, cada crisis política fortaleció los mecanismos del conteo de los votos mediante reformas electorales cuya finalidad siempre fue la de dar certeza en el proceso electoral. México, a nivel mundial y a pesar de tener una democracia imperfecta, es el país en el que más cuidado se pone durante todo el proceso electoral. Desde la etapa preparatoria de la elección en la que se vigila que los precandidatos no comentan actos anticipados de precampaña o campaña que puedan comprometer la equidad en la contienda electoral, hasta la etapa impugnativa, en la que la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo ciertas condiciones, puede ordenar el conteo de todos los votos de una elección determinada. Sin embargo, tales controles conllevan aparejados ciertos costos que deben ser cubiertos por el estado mexicano a cambio de un país lo más democrático posible.
En días pasados los encabezados de los medios de comunicación pusieron de relieve el nulo oficio político de la bancada de Morena en la Cámara baja, al aprobar inconstitucionalmente el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, en el que, además de fortalecer los programas clientelares del Jefe Máximo, se debilitaron los Órganos Constitucionales Autónomos, principalmente el Instituto Nacional Electoral con una disminución de más de mil millones de pesos.
Y es que el argumentoide falaz que se emplea para justificar lo anterior, es que estamos en una “nueva etapa” que implica una “austeridad republicana” derivado de la “cuarta transformación” que atraviesa nuestro país en este momento. No hay cosa más falsa que esa.
Indistintamente de abordar el debatible asunto de la austeridad republicana, un rubro que de ninguna manera debe debilitarse es el de la democracia, ya que mediante ella, con todo y sus bemoles, nos ha permitido transitar a un México con mas certeza y pluralidad. Es inaudito e incongruente, que, la izquierda mexicana, después de tantas batallas que legítimamente ha sorteado, ahora venga ahora con un falso discurso a mermar la actividad primigenia de la democracia que es darle certeza al voto ciudadano.
Reconozco y aplaudo que el nuevo gobierno combata la corrupción y acabe con los inmorales privilegios de la burocracia dorada, sin embargo, de ninguna manera tal causa debe representar un retroceso a la actividad democrática que admirablemente desarrolla el Instituto Nacional Electoral. Señor Presidente: con la corrupción sí, con la Democracia No.
