Por: Horacio Erik Avilés Martínez
Si bien acaba de concluir el ciclo escolar 2018-2019, en Michoacán continúan pendientes una gran cantidad de cabos sueltos, áreas de oportunidad y vacíos normativos que pueden generar mayores afectaciones si no se atienden a la brevedad.
Tomemos en cuenta que la falta de certidumbre sobre la cadena de mando, la estabilidad laboral, las tareas a desempeñar y el pago puntual de salarios y prestaciones suele ocasionar que el personal operativo permanezca expectante en lugar de enfocarse en el efectivo desempeño de sus funciones, afectando directamente el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes michoacanos.
Por ejemplo, ante el rumor de que desaparecerá el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán (IIFEEM) es importante subrayar que, su marco normativo estipula que es un organismo público descentralizado del poder ejecutivo estatal, por lo que no debería de estar en tela de juicio su continuidad. Más bien habría que adecuar sus funciones y atribuciones para armonizarlas con las modificaciones a nivel federal y redoblar sus pasos en pro de garantizar escuelas dignas para los michoacanos.
Cierra también el ciclo escolar 2018-2019 con la expectativa respecto al estado de los indicadores educativos locales. Se espera que a la brevedad se difundan las cifras oficiales al respecto, pero desde antes se cuenta con evidencias de que ha habido un innegable crecimiento de la educación privada en Michoacán, tanto en el número de instituciones como en su matrícula y oferta educativa. Lo anterior constituye un fiel barómetro de que hay mucho que hacer en la educación pública para disminuir la brecha entre ambas modalidades de sostenimiento y por ende, equilibrar la calidad de la educación que reciben los michoacanos, sin importar los recursos económicos con que cuenten los padres de familia, máxime que en nuestra entidad federativa tres de cada cinco personas viven por debajo de la línea de la pobreza, con lo cual, si no se mejora la educación pública, solamente se perpetuará la inmovilidad social de las familias más desfavorecidas.
Por otra parte, el cierre del presente ciclo escolar se llevó consigo las esperanzas de justicia y reivindicación de cientos de trabajadores de la educación cualificados como idóneos por la extinta Ley General del Servicio Profesional Docente en Michoacán, a reserva de que las autoridades actúen en consecuencia y con un sentido de justicia social, para que alcancen a rescatar la situación, recuperando perfiles valiosos de un vacío que los coloca en estado de indefensión.
Asimismo, se requerirá actuar con actitud análoga en cada caso particular que se encuentre en el denominado pase de lista que se está realizando en las escuelas michoacanas con motivo de la federalización de la nómina magisterial, la cual se dice lleva un avance del sesenta por ciento. Será importante que la autoridad rinda cuentas minuciosamente y se informe a la sociedad michoacana, caso por caso, qué es lo que ocurrió en cada incidencia hallada y cómo se resolvió, para que este sea un mecanismo de reivindicación de la imagen docente y se erradique la injusticia, la corrupción y la impunidad, blindándose al gremio de la coexistencia de aviadores cobrando como trabajadores de la educación entremezclados entre ellos.
Por otra parte, a nivel federal, en materia de gobernanza educativa se continúa a la espera de los lineamientos que activen el trabajo respectivo y que aproveche lo ya construido. Mientras tanto, en Michoacán será importante que se recobren los trabajos por comisiones del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación a la brevedad, para que, independientemente de lo que determine la federación, se cuente con posibilidades de definir el rumbo desde lo local en cuanto al importantísimo rubro de la gobernanza en materia educativa respecta.
Por otra parte, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo sigue suspirando por tener recursos suficientes para cerrar el año, pero en cambio no acierta por entrar a las discusiones estructurales respecto a su modelo de gasto corriente, lo cual seguramente llevará una vez más la situación al límite con el consecuente perjuicio que recibirá la comunidad estudiantil en el cumplimiento de planes y programas de estudio, así como en los días efectivos de clase a recibir.
Por ahora, un momento definitorio para incidir en la normatividad y por ende, en la política pública será el próximo martes 9, ya que se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco el foro de la región Centro-Occidente para la conformación de las leyes secundarias en materia educativa, donde será muy importante la participación de los actores clave locales, para que, desde la experiencia michoacana brinden una visión de lo que debe de contener la ley para garantizar el derecho a aprender de la niñez y juventud, a la par que se respeten los derechos profesionales docentes.
En suma, las autoridades en absoluto deberían de tomar vacaciones en este periodo, dado que es crucial para el futuro educativo de la entidad, sino porque también se permitieron acumular una gran cantidad de asuntos que ahora impelen solución inmediata. En este proceso de cierre de ciclo escolar y de conformación de leyes secundarias, medidas de polítca pública, instrumentos de planeación para el desarrollo y lineamientos específicos hay muchas áreas de oportunidad que requieren atención, por lo que los ciudadanos debemos mantenernos informados, participativos y atentos, dado que se delineará el rumbo que habrá de tomar la educación nacional no solamente para el Ciclo Escolar 2019-2020 sino para el próximo sexenio, por lo menos.
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