Por: Horacio Erik Avilés Martínez
La carta enviada por AMLO a la CNTE, tal como sucedió con el memorándum previamente circulado a dependencias federales, debe de interpretarse como que, por esa vía, el titular del ejecutivo federal emite un mensaje político, ya que su misiva no está fundada ni motivada normativamente, como debe ocurrir con un oficio, por lo tanto no puede interpretarse como una actuación formal en aras de establecer medidas de política pública.
Resulta preocupante que en la epístola se haga la promesa de parte del Presidente de la República de modificar el marco normativo vigente en materia educativa, ya que puede alterar el proceso democrático y la división de poderes imperantes en México, dado que en nuestro páis le corresponde al Poder Legislativo la aprobación de las leyes, ante lo que el Presidente solamente tiene como atribución enviar iniciativas, mismas que se suman a las que realizan los legisladores en su labor sustantiva. El mensaje brinda, por lo tanto, una idea lamentable de que tanto diputados como senadores trabajan para el titular del Poder Ejecutivo y no para los ciudadanos representados.
A ello se suma el cuestionamiento: ¿por qué solamente se habla de manera reiterativa de entablar una relación bilateral entre el Gobierno Federal y la CNTE, si hay muchos más actores involucrados que podrían sufrir posibles afectaciones a sus derechos? Es pertinente que se conforme una gran red de política pública que permita que las discusiones en torno a las decisiones que se tomarán sobre la educación nacional sean colegiadas y construidas de la mejor manera posible.
Aunado a lo anterior, varios de los contenidos de la misiva mencionados son ajenos y hasta contrarios a lo que mandata el artículo tercero constitucional recientemente dotado de vigencia. Previamente, se habló mucho del interés superior y de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como del proceso de reforma educativa como un gran acuerdo nacional, el cual no se ve considerado en absoluto en la carta.
Adicionalmente, en el campo mismo de los derechos profesionales de los docentes, algunos temas mencionados son incompatibles con lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los procesos de ingreso al servicio profesional docente deben de ser públicos, generales, transparentes y justos, fundados en los conocimientos, aptitudes y experiencia profesional necesarios para poder contribuir significativamente al aprendizaje y desarrollo integral de los educandos. Además, en la misiva no se visualiza que se tome en cuenta un mecanismo de participación en igualdad de condiciones para permitir a los profesionistas concursar para acceder a las plazas de ingreso al servicio profesional docente, donde en lo mencionado en la carta, se privilegia a los egresados de las escuelas normales.
Del documento mencionado debe rescatarse la invitación al diálogo que contiene, la cual no debe de ser interpretada como una posibilidad de ceder la rectoría del Estado a grupos de interés, pasando sobre el derecho a la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de México.
Aunado a lo anterior, es de hacerse notar que el denominado Comité Escolar de Administración Participativa que se menciona en el comunicado invade atribuciones de los ya existentes Consejos Escolares de Participación Social en la Educación, los que constituyen en sí, un modelo de gobernanza y que hasta el momento se encuentran en la incertidumbre y vacío institucional.
En suma, la carta, al no estar fundada ni motivada jurídicamente, no puede ser interpretada sino en el terreno de lo político. Preocupa que el género epistolar pueda generar confusión entre los actores clave del sistema educativo nacional, pudiéndose interpretar que incluso se trate de anunciar la próxima entrega de privilegios y concesiones inauditas, que harían que la posesión de la rectoría de la educación nacional fuese cedida a la CNTE y sus caprichos atendidos a la carta, lo cual soslayaría el marco normativo, los derechos de la niñez y juventud nacionales y las opiniones de académicos, investigadores, colegios de profesionistas, legisladores, padres de familia, sociedad civil organizada y maestros, entre otros actores clave.
¿Y ustedes qué opinión tienen, amables lectores, respecto a las intenciones y resultados obtenidos de la difusión de la carta de AMLO a la CNTE?
Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
