Por: Horacio Erik Avilés Martínez
Mayo es un mes eminentemente representativo en materia educativa: por iniciar justo después del Día del Niño; por contar la primera gran batalla que ganó México contra sus enemigos externos -ojalá que ganemos pronto alguna gesta relevante contra la ignorancia-, con el Día de la Madre, gran educadora por antonomasia; el Día del Maestro, el primer respondiente institucional en pro del derecho a aprender; el Día del Estudiante, que serlo en nuestra nación implica tener muy pocas probabilidades de completar una trayectoria completa desde la educación inicial hasta la universidad, entre otras conmemoraciones y festividades más.
No es casual que en este mes del calendario se apele a la memoria de la iniquidad, a la indignación y rencor social persistentes para convertir a mayo en el periodo más plagado de movilizaciones y bloqueos en el ciclo escolar, ya que se mezclan causas legítimas, reivindicaciones históricas e intereses particulares.
Al respecto, justo en este marco cronológico se dará el proceso de cabildeo de la iniciativa de reforma educativa que encabeza la administración pública federal vigente, donde se avizora un panorama aún más complicado que el camino ya previamente recorrido, justo por ya contar con protestas programadas, las cuales son uso y costumbre en el sector educativo.
Ante la situación, es importante que los legisladores federales, especialmente quienes representan a los michoacanos velen por el interés superior de nuestras generaciones jóvenes, más allá de asumir posturas políticas o mediáticas. Deben aprovechar esta segunda oportunidad en la Cámara de Diputados para cerrar vacíos, ambigüedades y áreas de oportunidad que aun contiene la minuta respectiva, tomando en cuenta la situación en que se encuentra el sistema educativo local, la cual exhibe las falencias del marco normativo aún vigente.
Y mientras el incómodo impasse se prolonga, los sistemas educativos estatales no pueden balancearse a la deriva de la indeterminación de la aprobación de un posible nuevo marco normativo. Debe seguirse obedeciendo la ley vigente para impedir que se susciten irregularidades que afecten a los estudiantes. Por ejemplo, está muy próximo el momento de aplicar una evaluación de ingreso a las escuelas normales de la entidad, la cual muy difícilmente contará con el respaldo institucional del gobierno federal o del ya prácticamente desmantelado INEE. Asimismo, en cuatro semanas expira la idoneidad de los profesionistas que participaron en los procesos de ingreso al servicio profesional docente en 2018, en muchos de los cuales aún reina la incertidumbre respecto a si podrán obtener la oportunidad de incorporarse al magisterio estatal. Paralelamente, se descubren posibles casos de abuso y gestión de privilegios operados por actores sindicales en la obtención de opacos cambios de adscripción de trabajadores de la educación, sin que medien criterios meritocráticos, transparentes ni objetivos al respecto.
¿Será necesaria una reforma a la Carta Magna para poner orden en Michoacán e impedir que las plantillas de personal de las escuelas sean manoseadas por las cúpulas sindicales? ¿Se requiere un artículo especial en la ley para impedir que se congele el orden de prelación de los profesionistas cualificados como idóneos y se ocupen los espacios vacantes con contratos temporales asignados discrecionalmente? ¿Es preciso que exista una ley federal de ingreso a las escuelas normales para poder realizar un concurso local de ingreso transparente, objetivo, meritocrático y justo? Definitivamente, no. Las autoridades estatales cuentan con atribuciones suficientes para continuar expandiendo la institucionalidad en materia educativa.
Análogamente, desde el Congreso Local se debe revisar toda la serie de áreas de oportunidad y ambigüedades que sobrevendrán tras la aprobación del paquete de modificaciones normativas en materia educativa, así como revisar las leyes locales que la impactan transversalmente, para continuar avanzando en robustecer el derecho a aprender de los michoacanos. Mismo caso ocurre con los ayuntamientos, ya que la Ley Orgánica de los Municipios de Michoacán les otorga atribuciones y responsabilidades relacionadas con la educación en su contexto territorial y deben redoblar esfuerzos.
Para la participación ciudadana en la educación, resultará muy importante reactivar el Consejo Estatal de Participación en la Educación, articularlo a nivel municipal y escolar, para dotarle de anclaje institucional, más allá de lo que pueda advenir con la posible serie de modificaciones normativas a nivel federal. En torno al derecho a la participación ciudadana existen normas de carácter estatal y municipal que posibilitan en Michoacán la conformación de consejos ciudadanos en torno al sistema educativo, por lo que no se puede pensar que dependemos de las decisiones federales para continuar tejiendo gobernanza en torno a nuestras comunidades de aprendizaje.
En suma, es momento de que la educación avance en la agenda local, para que a ras de piso, en cada comunidad de aprendizaje se continúe en la implementación de la normatividad vigente. Que la nueva reforma nos sorprenda a todos, cuando llegue, cumpliendo y haciendo cumplir la ley hasta el último momento. No podemos quedarnos sumidos en un letargo, la educación debe continuar.
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