Por: Teresa Da Cunha Lopes
La autonomía siempre es relativa, no absoluta. Es uno ( de los muchos ) instrumentos de protección y promoción de los valores e intereses propios, no un fin en sí mismo , como lo pretenden los populistas y su , tan corta e inútil, versión de “nacionalismo”.
Hace poco leía a Volcker Perthes y a su definición operativa de un nuevo concepto, el “autonomía estratégica” . El autor entiende como autonomía estratégica, “la capacidad de fijar las prioridades propias y tomar decisiones propias en asuntos de seguridad y política exterior, junto con los medios institucionales, políticos y materiales para hacer realidad estas opciones” .
Ahora bien, contraria mente a la “narrativa” del populismo mexicano, ni por el pasado, ni en el presente y, mucho menos en el futuro previsible no se puede concebir una autonomía absoluta y completa . Tal no existe a nivel federal frente a las otras naciones y, mucho menos desde las entidades federativas frente al centro.
Pero, esa realidad , concreta y entendimiento pragmático de “ soberanía funcional “ y su ampliación a una interpretación basada en el concepto de “ autonomía estratégica “, no son las únicas variables a contemplar. Así que , nos debemos de colocar la cuestión :. ¿cómo , y hasta qué grado, puede México depender de sí mismo para garantizar su bienestar, seguridad e influencia regional?
El Estado mexicano necesita , además de mejorar su capacidad de defender el territorio y la integridad de sus estados , en particular de los que están inmersos en la narcoguerra y la violencia de los carteles , una estrategia nacional de seguridad que debería incluir estructuras de defensa contra ataques híbridos y/o ciberterroristas que no activan la acción inmediata de las fuerzas armadas o de los órganos de seguridad del estado como un todo.
Para hacerlo, es necesario que la Federación y las entidades federativas colaboren entre sí en vez de enfrentarse. Y, es necesario hacerlo , no solo a partir de las estructuras convencionales de defensa, pero transversalmente con la sociedad.
Un primer paso pasa por la identificación de la infraestructura crítica nacional y la tipificación de los delitos contra esta infraestructura crítica. Pasa también por la puesta en marcha de los protocolos a accionar para cada uno de los posibles escenarios .
Tal como ya lo comenté en diversos artículos publicados desde 2016 , la información y las estructuras que soportan la S.I.C. son un activo vital de la Nación y su seguridad es imprescindible. En consecuencia, necesitamos de iniciativas legislativas técnicas que permitan fortalecer la seguridad cibernética nacional y asegurarse de que los ciudadanos y las empresas tienen acceso a soluciones innovadoras en materia de seguridad de la infraestructura crítica de la nación.
Estos retos se podrían abordar reforzando las capacidades cibernéticas en lo militar, mediante capacidades mayores y más eficaces en el área de prevención y respuesta a ataques de cuarta generación , y en lo político como un formato en el que los órganos civiles estén preparados para integrar protocolos comunes con el aparato militar.
Además de mejorar la preparación general de Mexico para la acción en contextos reales , esto haría de México un país más seguro , pero también un país más próspero, en un mundo que cambia velozmente. Con efecto, no debemos soslayar que la seguridad en las redes y de la información es esencial para asegurar la prosperidad y mantener el desarrollo económico de las naciones y, México no es, ni puede ser una excepción, a esta regla de los países inmersos en la globalización y la Sociedad de la Información.
El ciberespacio, como bien lo sabemos, es susceptible de ser utilizado para llevar a cabo toda clase de ataques y de delitos que atentan contra la seguridad de las naciones, de las economías, de las sociedades y de los individuos.
En consecuencia, necesitamos de un marco estratégico general (y no sectorial) para las iniciativas nacionales sobre ciberseguridad y ciberdelincuencia. Tal pasa por la aplicación a estos campos de una visión construida sobre grandes consensos nacionales que, a su vez, deben partir de un perfecto entendimiento de los alcances y límites de la “autonomía estratégica “.
