Por: Daniel Ambriz Mendoza
Si la educación no es la panacea, si es la mejor herramienta para sacar a cualquier país de la ignorancia y de la pobreza. Un ciudadano educado tiende a ser un individuo culto que contribuye a reforzar el tejido social con una actitud proactiva, fortaleciendo la democracia y generando riqueza económica, política y cultural. Un ciudadano bien educado y culto evita ser manipulado, por esto, la educación debe ser el bien más preciado de una nación y debe buscar la forma de asegurar que la reciba toda la población en la cantidad y con la calidad que la requiere el ciudadano que se intenta formar para aspirar a ser un país más próspero y competitivo en el contexto mundial y más ordenado y seguro en el ámbito local.
A través del tiempo, la educación en México ha sido una de las mejores banderas de quienes intentan gobernar nuestro país, se hablan maravillas de todas sus bondades y se hacen mil promesas que al final no se cumplen. Ya en el poder público, al gobernante en turno le surgen otras prioridades y hace a un lado la educación junto con todos los atributos utilizados para conseguir el poder; y en casos particulares como en Michoacán, se intenta impartir educación con una infraestructura educativa deficiente, una planta docente semiprofesionalizada, una dependencia educativa obesa y con una administración cooptada por la corrupción y por intereses políticos de grupos. La inequidad en cuanto a la prestación del servicio educativo en México se puede observar fácilmente al pasar de una entidad federativa a otra.
La educación no debe ser utilizada en negociaciones extralegales como moneda de cambio con grupos facciosos que entorpecen los procesos educativos y evitan que la población más necesitada se eduque coartándole el derecho de escalar socialmente para salir de la marginación y de la pobreza en la que se encuentra. Pero el peor problema al que se enfrenta la educación en México lo constituyen los ajustes de política educativa que se dan en cada sexenio de gobierno, sin analizar si lo que se ha estado haciendo esté o no dando resultados, no se evalúa si las políticas educativas puestas en marcha requieren de mayor tiempo para poder observar sus beneficios o para alcanzar sus objetivos. Llega el nuevo gobierno y hace a un lado todo para implementar otras prácticas que marcarán a la educación con su sello distintivo, con el riesgo de dar pasos hacia atrás.
Por lo anterior, urge que la educación sea elevada al rango de política de estado y se convierta en un proyecto de nación, con el fin de evitar cambios bruscos producto del relevo en el gobierno. Es necesario implementar de inmediato un plan educativo de largo aliento de por lo menos 30 años, que permita que la educación trascienda los gobiernos que llegan al poder cada seis años. Una política de Estado que asegure que la educación se conducirá de acuerdo a lo planeado y que los ajustes que se le pudieran hacer sean para beneficio de todos los actores educativos o para su actualización de acuerdo al tiempo, una política de estado que asegure un presupuesto educativo suficiente para que los trabajadores al servicio de la educación disfruten de un salario digno que les permita vivir con decoro y dignidad, un presupuesto que permita mejorar la infraestructura educativa y que garantice la profesionalización permanente de su planta docente, administrativa y de apoyo a la educación.
Fundamentado en lo anterior, propuse en el foro: “Legislación para el fortalecimiento de la educación y la escuela pública”, organizado por el SNTE, que la educación sea considerada como una política de Estado y que sea la base del proyecto de nación que urge implementar en nuestro país, que la iniciativa quede plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el actual proceso de reforma con su respectiva repercusión y seguimiento en las leyes secundarias; que todos los funcionarios educativos en activo sean evaluados sin excepción, para determinar si son aptos para el desempeño del cargo y que todos los ingresos al servicio público se hagan a través de un examen de habilidades, conocimientos y de responsabilidades éticas y profesionales; que las políticas en materia educativa sean evaluadas periódicamente por un organismo autónomo especializado, llevando un puntual seguimiento y proporcionando la retroalimentación que se requiera; y que la legislación vigente considere la desviación de recursos económicos del ramo educativo como delito grave con repercusión administrativa y penal para quien lo cometa.
