Por: Horacio Erik Avilés Martínez
El análisis de las iniciativas de reforma de los artículos 3°, 31 y 73 constitucionales, así como la elaboración de la legislación secundaria en materia educativa deben tener como principal objetivo defender el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) del país. La educación debe ser, por principio de cuentas, conceptualizada desde el enfoque de derechos humanos, desde el cual su retroceso o estancamiento resultan inimaginables.
Paralelamente, desde este esfuerzo de formulación e implementación de garantías constitucionales para todos, se debe partir con la universalidad de la educación inicial, impartida para niños de 0 a 3 años, lo que debe ser una obligación plenamente asumida por el gobierno de México y un derecho para la primera infancia, del cual deben estar debidamente enterados, informados e involucrados los padres de familia, contándose de esta manera con instituciones que fortalezcan su formación y empoderamiento como columnas vertebrales del desarrollo integral de sus vástagos.
Asimismo, deben de existir medidas de política pública que impulsen la progresividad en la obligatoriedad de la educación superior para que cada vez se acerque más nuestra nación a indicadores de los países punteros en lo que a trayectorias educativas completas respecta, como es el caso de Corea del Sur, donde de cada cien niños que se matriculan en primer grado de educación primaria, logran egresar en tiempo y forma de una carrera universitaria más de noventa y tres. En Michoacán, por ejemplo, apenas son ocho de cada cien. Así, aquí y ahora, la brecha resulta prácticamente insalvable, en caso de mantenerse las mismas tendencias y acciones.
Por otra parte, garantizar trayectorias completas implica que existan políticas públicas que aseguren que los estudiantes permanezcan en la escuela y no sean orillados a abandonar sus estudios por razones económicas, por lo que los programas socioeducativos deben contar con un diseño integral, ser de alcance transversal y requieren contar con suficiencia presupuestal, para que las becas escolares, la alimentación escolar, los útiles y libros, así como el transporte deben de estar disponibles para quienes más lo necesitan.
Es muy importante que todo lo anterior se encuentre enmarcado en un modelo educativo incluyente que garantice que todos estén, aprendan y participen en la escuela.
Recordemos que el proyecto enviado por AMLO al Congreso Federal el pasado 12 de diciembre preocupó en su momento por mostrar falencias y áreas de oportunidad, pero se ha robustecido enormemente con el diálogo y la participación de la suma de los actores intervinientes, a pesar de la constante presión que mantienen las cúpulas de la CNTE para desdeñar el trabajo de construcción de un proyecto más robusto, integral y garantista y trazar una ley a modo de sus intereses. Mejor que el boicot resultaría que hubiera propuesta de su parte, pero lamentablemente no existe un documento integrador que evidencie la existencia de haber ya construido una visión educativa diferente y mejor para nuestra nación.
Dentro de los avances que se han dado al respecto de la discusión sobre la reforma constitucional, destaca que se mencione el derecho a aprender de nueva cuenta, con lo que no se limitará al simple y supuesto derecho de estar en la escuela, de acudir a ella o de permanecer un horario al interior con vigilancia, lo cual sin el aprendizaje resulta incompleto, insatisfactorio y simulatorio.
Sin embargo, no olvidemos que una de las amenazas más fuertes contra el derecho a aprender reside en que el proyecto educativo responda a los intereses de grupos estridentes y no al derecho humano de las y los NNAJ mexicanos.
Es de tenerse presente en la memoria que en estos tiempos recientes a las cúpulas de la CNTE se les ha hecho caso en las promesas de campaña, en los foros, en la firma de minutas y en la entrega de recursos, por lo que a pesar de tomárseles en cuenta como nunca antes por parte de las autoridades, aún así no se dan por satisfechos, manteniendo una actitud beligerante y contestataria, en aras de obtener la rectoría de la educación nacional a costa de lo que sea.
Es momento de que se garantice que la visión educativa nacional vea por el derecho a aprender de las y los NNAJ y que bajo la premisa de la búsqueda del bien mayor se subordinen todos los intereses particulares. Los diputados deben de avanzar en sus comisiones respectivas para continuar con el proceso de aprobación y perfeccionamiento del proyecto de reforma constitucional. Los mexicanos merecemos la mejor versión posible del artículo tercero para que el derecho a aprender cuente con pleno anclaje normativo, por lo que de ninguna manera debe de ser sometido al capricho de la CNTE. No olvidemos que aprender es un derecho y que con una mejor ley estaremos más cerca de contar con una mejor educación para todos.
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