Por: Martín Ramos
Hace algunos días dentro de los espacios de opinión de este medio, se publicó una columna en la que se tilda de cavernarios a aquellos que se oponen a la interrupción del embarazo, dígase con otras palabras al aborto. Por un lado, aborda de manera somera la penalización del aborto, en virtud de las recientes reformas conservadoras en el estado de Nuevo León (sin manifestarlo expresamente), pero sí se fustiga con dedo flamígero a aquellos que no comparten tal punto de vista, además de tildarlos de antediluvianos, falaces, conservadores y retrógradas. Por último, se corona la misma con un llamado a la tolerancia y al debate abierto, en las tribunas legislativa, académica y en las calles…
Al momento de socializar los puntos de vista con el autor de tales comentarios, lejos de abordar el tema de fondo y en serio, se limitó a que los comentarios se realizaren a manera de réplica o contestación en las propias líneas y espacios donde fue vertida la opinión controvertida.
Y es que con respecto al aborto no hay mucho que discutir; ciertamente es un tema que estriba en la decisión de la mujer en practicarlo o no cuando se presenten ciertas condiciones que no se encuentran en tela de juicio, verbigracia en tratándose de una violación o de un embarazo en la minoría de edad. No obstante, resulta imperante que no solamente se despenalicen determinadas conductas, tal y como lo señala el iter criminis y el concurso de los delitos, sino que también resulta fundamental la implementación de políticas públicas (con todo lo que ello verdaderamente conlleva) de corte transversal en donde la prevención, la educación sexual y la comunicación en la familia y en la escuela verdaderamente existan y que, en auténticamente se ejerzan en beneficio las juventudes mexicanas. Ciertamente resulta incomprensible penalizar conductas cuando el Estado Mexicano (con mayúsculas ambas palabras) ha sido omiso en la prevención de determinadas conductas, cuestión que no fue abordada en la opinión de mérito, ya que únicamente se limitó a la descalificación de opositores.
Lo único cierto es que la respuesta jurídica a la penalización o no del aborto emanará de los criterios que emita la Suprema Corte, esto por dos motivos: primeramente, por la polémica y los costos políticos que pudieran derivarse de una eventual propuesta legislativa, tal y como sucedió en Nuevo León, motivo por el cual los legisladores no se pronunciarán al respecto, y en segundo término, por ser la más auténtica discusión meramente jurídica que al respecto se puede derivar, al seno del Poder Judicial de la Federación. Es ahí donde con argumentos se determinará lo anterior, siempre y cuando aquellos que emitan opiniones fustigadoras se molesten en desentrañar las premisas y conclusiones emitidas por los Ministros y se tomen el tiempo en estudiar los diversos tipos de interpretación jurídica que la norma permite, esto para entender y comprender la discusión y no solamente limitarse a opinar tomando como materia prima los encabezados de los medios que hablen del tema. Cabe recordar lo que el politólogo neozelandés Jamie Whyte nos hay enseñado sobre tener nuestras propias opiniones.
Ahora, con referencia a los adjetivos planteados dentro de las líneas controvertidas, resulta fundamental señalar la incongruencia con respecto de los mismos y el llamado a la tolerancia, el respeto y el debate informado. El pilar fundamental de la democracia es el respeto a la libertad de expresión, la cual consiste en respetar la opinión de los que no piensan igual a uno; esto implica evidentemente no calificar con adjetivos denigrantes a aquellos que no comparten el credo adoptado. Esa conducta sí resulta antediluviana, al grado de recordar como era ejercida la libertad de expresión y el acceso a la información en la propia Grecia, latitud raíz de occidente, donde las comedias eran censuradas y castigados sus autores por criticar al status quo y no ajustarse a los intereses del jefe de estado.
Tildar de retrogradas a quienes no piensan igual conlleva un tufillo (ese sí conservador) de intolerancia, de ese que está impregnando a la política desde Palacio Nacional.
Finalmente, un tema de esa naturaleza sí exige un debate responsable, pero sobre todo auténticamente respetuoso que permita el intercambio de ideas y no la descalificación por no pensar como el autor de tales líneas, no solamente hablar para obtener aceptación y ser partícipe de la likeocracia que prevalece en las redes sociales actualmente. Invito a que seamos responsables y tolerantes con a opinión ajena.
