Código Alpha/Santiago Núñez
Pocos temas resultan tan polémicos en prácticamente cualquier latitud del mundo, como lo es la discusión sobre la eventual liberalización legislativa que le permita a las mujeres ejercer de manera plena la interrupción legal del embarazo. Es precisamente el uso del término aborto, la punta de lanza de una compleja y abigarrada retórica llena de lugares comunes, prejuicios y falacias que desvían el debate central de los argumentos puramente jurídicos aplicables a cualquier discusión de carácter democrática y avanzada.
Desde hace muchos años en México, ciertos sectores de la sociedad vinculados a la Iglesia Católica y al pensamiento conservador más recalcitrante, han sido muy incisivos en señalar a la interrupción legal del embarazo como un supuesto atentado contra la vida; dicha línea de pensamiento ha permeado dentro de las legislaciones de distintos estados que a través de su derecho positivo, no solamente no le han permitido a la mujer ejercer el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, sino que increíblemente, también penalizan y tipifican como delito a dicha interrupción del embarazo.
Es indignante ver como una lógica catecúmena, antediluviana y contraria a cualquier teoría o disposición que se desprenda del ejercicio moderno y responsable de los derechos humanos, representa el día de hoy uno de los principales lastres que enfrentan las mujeres mexicanas (y en general de todos aquellos países y sitios que siguen la misma tónica) para poder ejercer de manera plena su libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana entendida como derecho, así como todos sus derechos sexuales y reproductivos.
No se puede concebir a cualquier país que aspire a ser un régimen medianamente democrático, ni progresista, ni respetuoso de los derechos humanos, sin que al mismo tiempo no exista o emita una legislación de carácter nacional que le garantice a todas las mujeres, el tener acceso a los servicios clínicos y de salud para que puedan ejercer de manera libre y gratuita la interrupción legal del embarazo en los términos más favorables para sus derechos.
Podríamos escribir ríos de tinta en torno al debate que se plantea sobre los conceptos técnicos de la vida humana, sin embargo y para efectos legislativos, debemos comprender que el producto de la concepción por lo menos hasta antes de las 12 semanas de gestación sigue siendo parte del cuerpo de la mujer y al no existir autonomía nerviosa, sensorial y cerebral desde ninguna perspectiva puede ser considerado como una persona jurídica individualizada.
Son muchas las falacias, los lugares comunes e incluso los discursos de odio y de intolerancia que surgen en torno al debate de la interrupción legal del embarazo, pero incluso si sopesamos este tema ante el test de proporcionalidad de los derechos humanos; en todo momento debemos tener muy claro que el bien jurídico tutelado que es la vida de la mujer, su libre desarrollo de la personalidad y aquellos ulteriores que se desprendan, se encuentran siempre por encima de un producto que está intrínsecamente vinculado a las funciones vitales y por ende también a las decisiones de la esfera jurídica de los derechos de la madre.
Por ende ha llegado el momento, de que a nivel nacional desde las trincheras legislativas, de la academia, pero particularmente desde el propio debate y discusión que se da a nivel de calle, podamos enarbolar una ruta que sea respetuosa de los derechos humanos, objetiva, enfocada pura y directamente en el ejercicio de las teorías, principios y bases de los derechos universalmente aceptados en torno al cuerpo y decisiones de la mujer, para que instruyamos a nuestros legisladores para que de manera urgente apliquen las reformas adecuadas para evitar
el seguir aplazando una reforma, que impida el acceso gratuito, libre y funcional para que cualquier mujer interrumpa su embarazo si así lo desea.
Hacer lo contrario solamente tendrá como resultado, una violación a los derechos humanos de las féminas por acción o por omisión, seguir incentivando un discurso de odio y discriminación hacia las mismas, pero además generaría complicidad en las miles de muertes que año con año se registran por parte de aquellas mujeres que en estos momentos, tienen que requerir a la clandestinidad como única salida para el ejercicio de sus derechos.
Es la hora para que el Estado mexicano actúe responsablemente y pueda terminar con este lastre histórico: si queremos avanzar como sociedad hacia un estadio más incluyente, moderno y verdaderamente respetuoso de los derechos humanos, es nuestra responsabilidad propugnar por plasmar en las leyes y en los procedimientos institucionales, los escenarios más bondadosos y proteccionistas para que la mujer de una vez por todas puedan tomar decisiones libres sobre su propio cuerpo.
Es también un acto de responsabilidad, que el que todos aquellos que opinan diferente (situación que es muy válida dentro de una democracia) dejen de contaminar el debate con preceptos moralistas, intolerancia religiosa, pero sobretodo con ridículas falacias sin fundamento científico y que solamente atacan a los sentimientos de la colectividad: señalar a la interrupción legal del embarazo con un procedimiento que mata bebés, que frena sueños y que trunca vidas, es en esencia una expresión de intolerancia y de rechazo hacia el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, que únicamente tendrá como resultado el establecer una política que sea perversa y además sumamente retrógrada para con nuestras mujeres.
Sergio Santiago Núñez Galindo
Abogado y consultor.
Candidato a especialista en seguridad nacional.
santiagonunez@alphaconsultores.com.mx
