Por: Martín Ramos
Hemos puesto el grito en el cielo más de alguna ocasión en la que el Gobierno Federal ha tomado determinada acción. Desde la fúnebre cancelación del Nuevo Aeropuerto de Texcoco para salvar un inexistente lago, hasta una Guardia Nacional militarizada que contradice años y años de oposición del nuevo Jefe Máximo. Uno más se acumuló cuando el primero de enero entró en vigor la Ley de Egresos del Gobierno Federal, en el que se disminuyó en un 46% el presupuesto al programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras.
Este programa surgido en gobiernos anteriores tiene (sí, tiene) como finalidad brindar un espacio donde los hijos de madres trabajadoras puedan desarrollarse mientras ellas se desempeñan laboralmente. De igual forma apoya a padres solos para los mismos efectos, así como brindar un apoyo adicional a los menores que padezcan una discapacidad. La implementación de este programa por años permitió que cientos de miles de menores pudieran acceder a una mejor alimentación, educación, desarrollo integral, asimismo a sus padres poder trabajar, desenvolverse profesional y académicamente, en condiciones de mayor equidad para con el sexo opuesto.
Esta reducción, como ya fue abordado en un sinnúmero de análisis, vulnera gravemente los derechos de miles y miles de personas, entre ellos menores y menores con discapacidad. No obstante, la respuesta del gobierno es entablar una nueva política de (pseudo) apoyo. El pasado 28 de febrero, por mandato judicial del Juez Primero de Distrito del Circuito de Nuevo León, el Diario Oficial de la Federación publicó las “reglas de operación del programa de apoyo de estancias infantiles para madres trabajadoras”, sin embargo publicó unas reglas de operación de un programa diferente, por no decir inexistente, ya que a las 22:20 minutos de tal día, a escasa hora y media de entrar en desacato judicial, publicó las flamantes reglas de operación del programa para el bienestar de niñas y niños hijos de mares trabajadoras. ¿cuál es el problema? Varios: 1. Que el Juez de Distrito le ordenó al Gobierno Federal que publique las reglas de operación del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, no las reglas de operación del programa para el bienestar de niñas y niños hijos de mares trabajadoras. ¿un asunto de redacción, paráfrasis o interpretación? No, ya que el mandato jurisdiccional es muy claro, y el Gobierno Federal, (para variar) fue omiso; 2. Tales reglas de operación regulan el ejercicio de un recurso de un programa que no existe en el presupuesto de egresos, con lo que se mueven millones de pesos en el aire; 3. El novel programa vulnera sistemática, masiva y reiteradamente los derechos humanos de menores de edad, niños con discapacidad, mujeres y hombres que confiaban en el apoyo del gobierno de la república, pero que ahora, de un plumazo, es inexistente, ya que en lugar de que exista un espacio donde los menores puedan desarrollarse educativamente ahora los padres recibirán directamente menos recurso para atender sus deberes paternales; 4. El recurso que tales reglas de operación pretende dar directamente a las madres trabajadoras ($1600 mensuales), no contemplan mecanismos efectivos de control de recursos, ya que deja al arbitrio de los padres el destino del mismo. No es que se desconfíe de los padres y madres, sino que las múltiples e imperantes necesidades de los mismos no garantizan que el recurso sea destinado para el desarrollo de los menores.
Sendos juicios se han presentado en todo el país, entre ellos Michoacán, no obstante la Justicia Federal se ha visto tibia y no le ha entrado al fondo del asunto mediante la concesión de suspensiones que efectivamente protejan a los menores. La derogación del programa constituye una violación a Tratados Internacionales, a la Constitución y a muchas leyes, es por ello que la última palabra está en manos del Poder Judicial, el cual requiere legitimarse ante el pueblo de México para poder dar el claro mensaje de que el Poder se tiene que dividir y que en nuestra nación en realidad sí existe una División de Poderes y un verdadero Estado de Derecho. Poder Judicial de la Federación, no nos falles.
