Por: Estephany Santiago
Durante 12 años con el Ejército en las calles combatiendo delitos durante los sexenios de Felipe Calderón en el que la Guerra contra el crimen organizado falló y dejó miles de muertos y en el sexenio priista de Enrique Peña Nieto en el que la delincuencia y los homicidios aumentaron de manera preocupante, se demuestra que las Fuerzas Armadas tienen que regresar a los cuarteles de manera paulatina y hacer las tareas que hasta ahorita constitucionalmente les competen, salvaguardar a la nación y atender casos de desastres naturales.
El presidente de la República, en campaña dijo que el Ejército regresaría a los cuarteles por no estar preparado para realizar tareas de seguridad pública acción que les compete a las policías del país las cuales, dijo también, se irían profesionalizando. Hoy no cumple su palabra, se desdibuja, se le olvida que en esos dos sexenios se vivió una crisis de violencia e inseguridad, que la estrategia no funcionó y ahora no sólo quiere dar continuidad sino darle mayor poder y beneficios a los militares.
La Guardia Nacional que hoy está imponiendo el gobierno federal a través de sus legisladores que son mayoría en el Congreso de la Unión es una nueva versión del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal de Felipe Calderón y la Gendarmería de Enrique Peña Nieto.
Esto va en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar la totalidad de la Ley de Seguridad Interior publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017. Esta mala estrategia para combatir la inseguridad lesiona el Pacto Federal porque minimiza las facultades de los estados y municipios en materia de seguridad pública y no establece contrapesos a las decisiones del presidente. Y una de etas decisiones es lo que hizo con la elección del Fiscal General de la República, donde él mismo eligió la terna competidora para el puesto, dejando de lado las peticiones de algunas organizaciones civiles y de nuestros grupos parlamentarios de que la fiscalía fuera un órgano autónomo para tener mayor certeza de que su labor fuera objetiva.
Al mandatario mexicano se le olvidan los números que en el año 2018, justo a mediados, el Inegi informó que la tasa de homicidios alcanzó un nivel incomparable, el más alto en una década en México, 25 crímenes por cada 100 habitantes, es decir, se registraron 31 mil 147 homicidios en el país en 2018, son cifras claras de que el combate a la delincuencia con militares en las calles no está funcionando.
La Guardia Nacional, sí es militarizar al país, ¿Guardia Nacional con mando civil? No es más que simulación, ¿de qué sirve que el mando sea civil si la formación de los integrantes será militar?, los militares no están capacitados para hacer labores de seguridad civil, porque su formación es de otro carácter y se corre un gran riesgo y se da pauta a que se vulneren los derechos humanos, que haya detenciones arbitrarias y que la corrupción desde diversos niveles no se termine.
Algunos intereses se deben tener para insistir que desde el Congreso de la Unión se apruebe la modificación a nuestra Carta Magna para otorgarle facultades al Ejército y que éste realice tareas de seguridad pública, cuando el plan debiera ser sí, presupuesto para la seguridad de este país pero que se invierta en preparar, capacitar y eficientizar el trabajo de los cuerpos policíacos de nuestros país, de los tres niveles de gobierno.
No fue un buen mensaje lanzar una convocatoria para reclutar a jóvenes y que formen parte de la Guardia Nacional, primero, ¿por qué emitirla si aún ni se discutía en el Congreso de la Unión?, ¿el presidente ya daba por hecho que sus intenciones pasarían a como diera lugar? Dos, ¿llamar a la juventud mexicana a combatir la inseguridad en el país?, las y los jóvenes tienen derecho a mejores oportunidades y una de ellas es la educación, tema por el que no se le apuesta por lo menos en este primer año de gobierno.
Esta situación representa un grave riesgo, también, para el futuro de los jóvenes que, guiados por la necesidad de un futuro laboral, acuden al llamado presidencial para incorporarse a la Guardia Nacional, desconociendo los graves riesgos que esto implica para ellos.
El gobierno federal no está escuchando el clamor de la sociedad civil, quienes dicen No a la Guardia Nacional, No a la Militarización del país, No a la violación de los derechos humanos y no más desapariciones forzadas.
La ciudadanía ya está cansada de tanta violencia e inseguridad, es por ello que esperaban un cambio del actual gobierno de la república, pero por el contrario, la incertidumbre es la mayor de sus preocupaciones, pues como hemos visto, el ejército en las calles causa más violencia de la que puede reducir.
En el Senado habrá de discutirse en el Pleno la minuta respecto a este tema, en donde ojalá la visión sea recuperar la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos, no dar en bandeja de plata todo lo que el gobierno federal pretende hacer con el Ejército de su lado.
Y es por eso que se han visto esfuerzos significativos, como hace unos días al realizarse un conversatorio, previo al Parlamento Abierto, donde se congregaron las bancadas de todos los partidos políticos, así como representantes.
El conversatorio fue iniciativa de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, donde sumando a voces de la sociedad civil, se coincide en no militarizar al país y sí capacitar a verdaderos mandos civiles que ayuden a los cuerpos policiacos, federales, estatales y municipales, a implementar una estrategia real para recuperar la seguridad en México.
