Por: Hugo Rangel Vargas
México sigue acumulando desastrosos resultados en las evaluaciones sobre percepción de corrupción que año con año realiza la reconocida organización Transparencia Internacional. De 2017 a 2018, nuestro país pasó del peldaño 135 al 138 de 180 naciones evaluadas. Esta situación refuerza la tendencia que se ha acumulado en las ultimas dos administraciones federales. Y es que, en el período de Felipe Calderón, México descendió 35 lugares pasando del 70 al 105, mientras que la administración peñanietista concluyó con un descenso de 33 escaños más.
Esto ha ocurrido muy a pesar del enorme entramado burocrático y el complejo tejido institucional y jurídico que se ha gestado en los últimos años para combatir a la corrupción. Por sólo citar un ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia y el marco jurídico que le regula es creación de los gobiernos panistas y pese a que en 2019 no tuvo incrementos en sus presupuestos, de 2014 a 2018 acumuló un 80 por ciento de crecimiento en los recursos públicos que ejerció.
Al aparato burocrático que combate la corrupción habrá que agregar al Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción dependiente de la Fiscalía General de la República, la Auditoria Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y ahora recientemente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción. En fin, una pléyade de aparatos y entramados, pero con pocos resultados.
Pese a ello, la exigencia de que estas instituciones recibirán mas presupuesto se dejó sentir con fuerza en los medios de comunicación por parte de opinologos y comentocratas que decían que las reducciones presupuestales que sufrirían estas instituciones impactarían en la forma en la que se combate a la corrupción en el país y que esto era un desdén por parte del gobierno de la cuarta transformación hacia este tema que es una de sus banderas fundamentales.
Sin embargo, a la luz de los resultados, resulta irracional destinar recursos a todo un aparato burocrático sin que se revise su funcionamiento, además de que esto seria contrario al principio básico del presupuesto basado en resultados que jurídicamente está postulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Es urgente que en el país se avance en una serie de temas que podrían ser mas importantes que el destinar recursos por consigna al combate a la corrupción por muy pomposo y defendible que esto resulte. La incorporación de tecnologías, la modernización del aparato público y la simplificación de los servicios y tramites gubernamentales deberían ser una prioridad en todos los ordenes de gobierno para inhibir la corrupción.
De manera adicional, la generación de mecanismos de participación ciudadana como la contraloría social y los presupuestos participativos coadyuvarían a hacer corresponsables a los ciudadanos en la actividad pública. Esto además de que genera sinergias y crea ciudadanía, pone un cerco a las tentaciones de corrupción que prevalecen, por ejemplo, en la asignación y ejecución de la obra pública.
Finalmente, poco útiles son todas las instancias que se crean para combatir al flagelo de la corrupción y los cuantiosos presupuestos que pudieran destinarse, si la impunidad sigue galopando por el país generando importantes incentivos para este tipo de comportamientos.
Sí, “al diablo con sus instituciones”, con esas que exigen presupuestos crecientes año con año y que siguen entregando resultados cuestionables a los ciudadanos.
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