Por: Horacio Erik Avilés Martínez
Respecto a la crisis de las finanzas educativas de Michoacán, tema que tiene ya varios meses en la agenda pública, hay que enfatizar que el problema es que no hay dinero que alcance en la entidad federativa para solventar nuestro propio sistema educativo, el cual se encuentra cada vez más precarizado, al grado de no alcanzar para pagar siquiera la nómina, que representa más del 95 por ciento del monto total.
El origen de esta problemática radica en haber entablado un pésimo y desigual convenio con la Federación desde 1992, sin haberse tenido el valor de interpelarle y demandar condiciones más justas para la educación michoacana, lo que derivó en la firma de minutas, donde campearon la irresponsabilidad, la ingenuidad, la corrupción, la omisión y la impunidad de quienes representaban en su momento las partes involucradas.
Las consecuencias son innumerables e incalculables, ya que, además del inmenso daño que se le ha inflingido a la sociedad michoacana en 27 años de movilizaciones, al día de hoy se encuentran miles de estudiantes sin clases; miles de maestros sin salario ni prestaciones; la sociedad con movilidad restringida; empresarios que reportan miles de millones en pérdidas; la Sección XVIII, nuevamente empoderada, pero fracturada internamente, tratando con funcionarios noveles tratando de arreglarse bilateralmente con ellos, sin saber que la CNTE no tiene palabra de honor, ni amigos, sino intereses.
Una solución integral al problema puede ser construida mediante la aplicación del enfoque de redes de políticas públicas, para construir una política pública que garantice el derecho a aprender con todos los actores involucrados, mínimamente los siguientes:
+Gobierno Federal: SEP, SHyCP, SEGOB, por ejemplo.
+Gobierno del Estado: Despacho del Gobernador, SEE, Secretaría de Gobierno, Consejería Jurídica y Secretaría de Contraloría, entre otras dependencias.
+Congreso Federal y el Senado.
+Congreso del Estado.
+La CNTE, el SNTE, el SITEM, el STEM y demás expresiones sindicales.
+El Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, las asociaciones de padres de familia, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea educativo, académicos, investigadores y expertos en política educativa y finanzas.
Lo anterior, debe de darse bajo dos condiciones:
a) Asumir una actitud racional; es decir, quien se sienta a la mesa, aporta a la solución integral.
b) Reconocer el problema estructural de las finanzas educativas y el superior derecho a aprender de los niños y jóvenes michoacanos.
Por lo anterior, sorprende que se dio la firma de un pacto bilateral que no reconoce los derechos de los demás actores involucrados, por ejemplo, el derecho a aprender de un millón 300 mil niños, niñas y jóvenes michoacanos o los derechos laborales de los trabajadores de la educación que no se sienten representados por una fracción en particular siempre tendrá sesgos y generará retrocesos.
La historia de México está llena de ejemplos de triste memoria en este sentido. En esta ocasión, quien se involucró en entablar un acuerdo fue Héctor Martín Garza González, Oficial Mayor de la SEP, , quien firmó una minuta como «enterado y comprometido» con la Sección XVIII de la CNTE
Analizando algunas posibles implicaciones y aristas de la minuta firmada entre SEP y la Sección XVIII de la CNTE, se encuentra lo siguiente:
Como primer punto, plantearon como tema la abrogación de la reforma, en donde se coloca la situación en que se encuentra la iniciativa firmada por AMLO en el Congreso de la Unión el pasado 12 de diciembre, para lo cual, la Sección XVIII de la CNTE propone que se conforme una comisión para ajustar detalles, acción que la SEP se compromete a impulsar, con la consustancial amenaza de que se lesionen las garantías consagradas constitucionalmente en cuanto al derecho a aprender respecta; asimismo, que se ajusten detalles a modo de sus intereses particulares sin tomar en cuenta a los niños, niñas y jóvenes, padres de familia, académicos, sociedad civil organizada ni a Gobierno del Estado ni demás poderes de la unión.
En el segundo aspecto de la minuta, se habló de las generaciones de egresados normalistas entre 2014 y 2018, de los cuales plantean como situación problemática que faltan sus pagos, y su contrato termina el 31 de enero de 2019, asimismo, de forma extraoficial mencionan en el acuerdo que, se sabe extraoficialmente, que la generación 2014 pudo haber causado baja el día 31 de enero de 2019. Para lograr sus finalidades proponen en el documento que se realice el pago inmediato del contrato; solucionar incidencias, así como firmar el nuevo contrato para finiquitar el ciclo escolar, dotando de estabilidad laboral para todas las generaciones de egresados normalistas, incluida la 2014. Las implicaciones del compromiso establecido son que entregar aproximadamente 5 mil plazas definitivas a quienes su mérito principal es haber egresado de una escuela normal, obviándoseles someterse al proceso que implica participar en el concurso de oposición que estipula la Ley General del Servicio Profesional Docente y entregándoles las prestaciones respectivas implicaría una erogación de por lo menos 600 millones de pesos anuales durante los próximos 40 años.
En cuanto al tercer punto que fue la reingeniería al SIGPE, un sistema de evaluación del modelo educativo de la CNTE que es legitimado por la SEE, pero que como se lee: la propia CNTE lo desconoce y que por ende pide que se conforme una comisión para que conozca el proceso de operación. La amenaza sería que cada quien fije sus propias reglas e indicadores para evaluarse a sí mismo, sin poder comparar las evaluaciones con el resto de la nación.
El cuarto apartado destaca la situación de las claves a descompactar, lo cual no es otra cosa que pulverizar tiempos completos de profesores jubilados en unas pocas horas para varios beneficiarios. Dice la CNTE que la descompactación no caminó y los compañeros se mantuvieron trabajando desde 2015 y se les dio hasta abril de 2018. El pago para FONE procede de ahí, sin contemplar lo anteriormente trabajado, por lo cual piden que se revise el tema mediante una comisión de la CNTE y de la SEE, con el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, sin aclararle al funcionario que la descompactación de claves amenaza con precarizar el salario de los maestros, además de entregarse horas mediante marchómetro y adscribe a los beneficiarios o aspirantes a serlo a participar en las movilizaciones de la CNTE.
Otro punto que destaca por ignominioso, es el octavo, referido a la asignación de claves directivas, dado que existen un determinado número de claves en el estado, que están congeladas y no pueden asignarse, directivas, son al menos 1,130, por lo que las cúpulas de la CNTE piden que se asignen “conforme a derecho”, pero sin aplicar la reforma educativa, iniciando con los que están en la función, sin el recurso (para regularizar su status administrativo, mismos que desempeñaban esa función antes de la Reforma); lo que no aclaran es que las claves directivas se encuentran “congeladas” por razones de austeridad; descongelarlas implicaría una erogación de al menos 500 millones de pesos anuales, los cuales recaerían en quienes hoy ocupan encargaturas de despacho, prácticamente todas obtenidas mediante presión sindical.
Así, por el estilo, se presentan una decena más de compromisos, más una cláusula abierta en donde dicen que todos los temas no contemplados se seguirán tratando más adelante.
Hay que enterarse: el compromiso de un servidor público es con el pueblo de México. Esperemos se actúe en consecuencia y se defienda el derecho a aprender de niños, niñas y jóvenes, en equilibrio con los derechos laborales de los primeros garantes de parte del estado mexicano en cuanto al derecho a aprender respecta: los trabajadores de la educación.
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