Por: Ernesto Pacheco Cáceres
“Una cosa es lo que se dice en campaña y otra lo que se hace en el ejercicio del poder”
Anónimo
Han pasado 13 años de que el supuesto “Presidente del Empleo” Felipe Calderón, militarizara las tareas de seguridad pública o en términos prácticos, que se sacó al ejército de los cuarteles, enviándolo a las calles para resolver los problemas de violencia e inseguridad que enfrentaba el país.
Estos años, al menos han servido para poder realizar un análisis de los efectos de la lucha frontal de las fuerzas armadas contra el crimen organizado, de poder ver de manera fría y sin apasionamientos los resultados que nos pueden decir si vamos por buen camino.
Por ejemplo, hoy ya se tienen comparativos de los resultados obtenidos por Felipe Calderón y Enrique Peña quien en su momento realizó ajustes a la estrategia, dando a conocer que el nuevo plan de seguridad nacional se basaba en “…inteligencia por encima de fuerza…” con el que sabemos se lograron menos resultados; es decir, 80% menos de armas de fuego decomisadas, 63% menos de dólares asegurados, 46% menos de pesos asegurados, 21% menos detenidos en flagrancia, 60% menos mariguana decomisada, 44% menos cocaína decomisada, sólo por dar algunos ejemplos.
A lo largo de éstos años, han sido muchas las voces que piden el regreso del ejército a los cuarteles; primero porque la estrategia de los dos sexenios anteriores se planteó de manera provisional, y segundo porque las fuerzas armadas no están entrenadas para interactuar con la población civil, están entrenados para vencer; es decir, “…dar la vida en cumplimiento de su deber…”.
Por tal motivo, podemos ver que la elevada presencia de las fuerzas armadas en las calles ha disparado las cifras de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones y asesinatos; tan solo la Secretaría de Gobernación reportaba en abril del 2018 más de 37 mil víctimas desaparecidas, sumado a que el 96% de los abusos de militares investigados por la PGR permanecieron impunes.
Esto ha generado que se prendan las alarmas de instancias internacionales como la ONU, HRW, WOLA, CIDH, entre otras, las cuales hacen diversas recomendaciones a México respecto al ejército y los derechos humanos; “… que el ejército regrese a los cuarteles…”, “…La presencia de militares en tareas de seguridad pública representan un riesgo…”, “…abusos de militares no se investigan en México…”, etc.
Recomendaciones como estas fueron parte de los grandes temas que empoderaron a AMLO, la sensibilidad que manifestó enfrentando desde 2012 a Felipe Calderón por su “… idea apresurada e irresponsable…”, de sacar el ejército a las calles, esta lucha, a la larga se convirtió en una de sus promesas de campaña “…Me comprometo a regresar a los cuarteles al ejército en 6 meses…”.
Después de tantos años de repetir que es un error y un tremendo fracaso el tener el ejército en las calles, nos encontramos nuevamente discutiendo “la misma estrategia, con un enfoque distinto, más poderes y mismos militares”, con la aprobación de la creación de la Guardia Nacional Militarizada y la posible reforma de 13 artículos de la Constitución para darle atribuciones en las labores de seguridad pública, nos lleva a preguntar si no existe otra alternativa.
Estoy convencido que la seguridad es una de las preocupaciones principales de los ciudadanos, que México no está para inventos, menos para seguir con fórmulas que nos han llevado al fracaso, teniendo cifras como las que consideró el 2018 como el año más violento que se haya tenido registro en México.
Por tal motivo, queremos que el gobierno tenga éxito; sin embargo, debemos apelar a que se consideren las recomendaciones que se hacen de estrategias a largo plazo, donde se invierte en policías civiles, preparadas y mecanismos de inteligencia más efectivos.
