Código Alpha/ Sergio Santiago Núñez Galindo
A lo largo de mi experiencia y formación profesional he tenido la posibilidad de estar en contacto directo con el modelo de seguridad colombiano; para quien no está familiarizado con él, podríamos decir que en aquel país sudamericano la militarización de la policía y la estrategia de seguridad, fue un punto central para atacar de manera directa la enorme crisis de seguridad nacional que representaba el poderío de las organizaciones delictivas hacia finales de la década de 1980 y principios de 1990.
Caminar cualquier día normal por la ciudad de Bogotá, Medellín o cualquier otra urbe colombiana representa la posibilidad de ver la convivencia común con un modelo de seguridad militarizado, mismo que incluye equipamiento, métodos y procedimientos cuasi castrenses ejecutados por la policía nacional: cuerpo único de seguridad con instrucción y mando militar, incluso es ya en cierto aspecto común que esta policía lleve a cabo revisiones al azar de documentos y personas en la vía pública, situación que a todas luces podría configurar una invasión a la esfera de derechos del ciudadano, pero que ya es ampliamente aceptada por la sociedad colombiana.
Comienzo con este contexto porque una de las grandes discusiones de la agenda pública nacional en México durante el año 2019 va a ser la eventual reforma constitucional que le de vida a la guardia nacional propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Ya han sido mucho las voces de opositores, académicos, colectivos por los derechos humanos y expertos en seguridad que se han manifestado en contra de lo que muchos han llamado la militarización de iure de la estrategia de seguridad nacional en nuestro país, en ese sentido tendremos que decir que efectivamente el presidente está utilizando su andamiaje legislativo mayoritario para promover la citada reforma constitucional y darle forma legal a una estrategia que desde cualquier perspectiva pone a las fuerzas armadas en un papel central en labores de seguridad y no exclusivamente de defensa.
Han pasado muchos años desde aquel lejano 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inició aquí en su natal Michoacán el operativo conjunto que habría de desplegar a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina Armada de México en labores de seguridad a lo largo y ancho del territorio nacional; en aquel momento se hablaba del uso de las fuerzas armadas como un recurso extraordinario ante los alarmantes niveles de violencia que muchos organizaciones delictivas estaban mostrando en su operación y ante las afectaciones que la sociedad civil se veía expuesta.
Posteriormente en el gobierno de Enrique Peña Nieto pudimos ver que lejos de sacar a los soldados y marinos de las calles, se siguió implementando su operación en labores de seguridad, muchas veces en una endeble y volátil coordinación con los elementos de la Policía Federal. Es precisamente en el sexenio de gobierno de Enrique Peña Nieto cuando la opinión pública empieza a poner el dedo en la llaga por una serie de acontecimientos violatorios de los derechos humanos que implicaban el uso desmedido de la fuerza, desapariciones forzadas y una serie de acciones en las que se veían implicado los elementos castrenses desplegados en labores de seguridad; así podremos recordar el caso de Tlatlaya o el de Tanhuato solamente por mencionar algunos de los principales focos mediáticos en la materia.
Ante todo esto llama poderosamente la atención que el entonces opositor Andrés Manuel López Obrador se dedicó a atacar desde su trinchera esta estrategia de seguridad por considerarla anacrónica y lejos de la realidad de nuestro país, sin embargo el día de hoy ya como el titular del poder ejecutivo federal, resulta contradictorio que no solamente se sigue haciendo lo mismo que se realizó en las dos anteriores administraciones federales; sino que ahora incluso se están llevando a cabo los procedimientos legislativos para oficializar y contemplar dentro del régimen constitucional mexicano el uso intensivo y central de las fuerzas armadas ejerciendo labores para las cuales su génesis no fue planeada.
Independientemente de la incongruencia política que representa la propuesta de la creación de la Guardia Nacional, lo verdaderamente preocupante en este caso es que se está oficializando una serie de acciones de gobierno cuyo principal riesgo radica en la posible y probable violación de los derechos humanos, del debido proceso y de las garantías judiciales más elementales en una estrategia de seguridad. Es una realidad que por las características operativas que se requieren sobre el terreno en muchos lugares del país, era necesario que en algún momento las policías estatales y municipales fueron auxiliados por las fuerzas armadas, sin embargo paralelamente a esta acción era menester llevar a cabo una reforma profunda a nivel de la capacitación, fortalecimiento y equipamiento de las fuerzas de seguridad civiles.
Hoy podemos ver con preocupación que desde hace 12 años, dicha reestructura de las policías en México ha pasado única y exclusivamente por acciones cosméticas, de bombo y platillo, pero que en el fondo no fortalece el modelo de proximidad social, de inteligencia policial ni de combate a la criminalidad. Lo único que hemos visto es a decenas de miles de soldados y marinos ejerciendo labores para las cuales no están capacitados: desde luego que debemos reconocer la participación y el talante de los mismos, pero ha llegado el momento de plantear una estrategia que sea verdaderamente integral en materia de seguridad.
De no llevar a cabo una acción transversal como la que menciono en el párrafo anterior, corremos el riesgo de que el fantasma de la militarización y el famoso populismo penal: ese curioso fenómeno que se da cuando la gente está dispuesta a ceder parte de sus garantías y derechos fundamentales a cambio de una mayor sensación de seguridad relativa, se adentren muy profundo dentro del tejido social institucional y normativo de nuestro país.
2019 será un año de definiciones y que nos brindará un panorama claro de hacia dónde se dirige este país en materia de su política interior y sin duda alguna dentro de la vorágine de temas mediáticos que llaman la atención, deberemos seguir con mucha precisión la discusión de la eventual reforma constitucional en materia de seguridad.
Sergio Santiago Núñez Galindo
Abogado, consultor y candidato a especialista en seguridad nacional y derecho internacional humanitario.
santiagonunez@alphaconsultores.com.mx
