Sergio Santiago Núñez Galindo/ Código Alpha
A 2 semanas de haber iniciado sus funciones como gobierno de la República, la agenda de Andrés Manuel López Obrador poco a poco comienza a tomar forma con sus propuestas y directrices, como mencionaba en mi anterior columna ya tendremos el tiempo suficiente para analizar con la frialdad de los números y las estadísticas, el desempeño del actual gobierno: sin embargo y dentro de la vorágine de temas mediáticos y de agenda pública que han surgido en torno a los golpeteos entre el ejecutivo federal y el poder judicial, hay uno que resulta fundamental por la trascendencia política pero sobretodo jurídica e institucional de nuestra nación, me refiero a la designación del espacio que deja vacante el ministro José Ramón Cossío Díaz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Más allá del burdo y preocupante conflicto entre amos poderes y que se derivó de la absurda Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la propuesta del nuevo ministro o ministra será sin duda una de las primeras decisiones estructurales importantes para el gobierno de López Obrador, el cual ya ha enviado una terna de candidatos al Senado de la República para que la cámara alta sea el órgano colegiado encargado de seleccionar al perfil que habrá de ocupar el lugar de Cossío en el máximo tribunal de nuestro país.
Es importante señalar que en cualquier régimen progresista o bien en cualquier estado que aspire a ser una democracia consolidada, una de sus características más importantes debe ser la autonomía de los organismos de transparencia, rendición de cuentas, electorales pero particularmente en lo dispuesto a todas las autoridades en instancias de carácter jurisdiccional; por ello es que el asunto en el relevo de la corte debería ser tema central en la discusión pública de todos aquellos que están interesados en seguir de cerca las actividades del nuevo gobierno.
Sin embargo muchas veces este tipo de decisiones estratégicas pareciera que se ven eclipsadas por otros temas coyunturales, de morbo o de ruido político que en la práctica no resultan tan trascendentales para el desarrollo del Estado nación. En primer término habremos de señalar que Cossío deja la vara muy alta para cualquier candidato que aspire a llenar el lugar que está dejando en la Corte; constitucionalista de formación, con estudios de posgrado en el extranjero y caracterizado por tener una línea liberal que siempre fue muy marcada en la discusión de temas trascendentales, deja un legado de resoluciones de medular importancia para la cultura constitucional y jurídica de nuestra nación. Es indubitable desde cualquier perspectiva que va a ser muy difícil que dentro de la terna de candidatos propuestos por Andrés Manuel, se presente un perfil con el mismo talante liberal y muchas veces contrasentido que manejaban Cossío.
Resulta lógico pensar que cada presidente al momento de enviar sus ternas trata de generar escenarios con perfiles que de una u otra forman respondan a los intereses de su administración, lo anterior no es ninguna sorpresa ni ninguna novedad: incluso si analizamos por ejemplo la obra “el presidencialismo mexicano” de Jorge Carpizo, podemos ver que esta facultad del presidente de la República es otra de las acciones de facto y de iure mediante las cuales se confirma el papel central que juega el presidente en la vida política e institucional de nuestra nación, lo mismo pasa incluso en democracias consolidadas como en Estados Unidos donde el presidente Donald Trump acaba de realizar el polémico nombramiento de Brett Kavanaugh para la configuración de la Corte Suprema de aquel país, vaya que el tema no es ninguna novedad e incluso es entendible
Sin embargo en el caso particular de la terna enviada por el gobernante tabasqueño, llama poderosamente la atención que dentro de los perfiles señalados, Cecilia Maya García fue excandidata al Senado por Morena, Loretta Ortiz exdiputada federal también afín al titular del ejecutivo y Juan Luis González Alcántara Carrancá, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Así pues, en este caso es muy notorio el hecho de que dos de los tres candidatos hayan sido militantes y candidatos a puestos de elección popular por el partido gobernante (o bien cercanos a su movimiento político) hacía mucho en la historia judicial y política del país que no veíamos una situación igual y eso, no hace sino enviar un mensaje poderoso en el cual el presidente de la República, el titular del ejecutivo hacer uso de la enorme aplanadora política y legislativa que tiene en estos momentos para mandar una muy clara bengala: una donde nos deja ver que son perfectamente conscientes de la brutal mayoría que les va a permitir poder sacar adelante prácticamente cualquier decisión que se planteen, salvo reformas constitucionales.
Lo anterior en estricto nivel institucional y jurídico debe ser un llamado de atención, porque la designación de un nuevo ministro siempre vienen a alterar el delicado equilibrio de fuerzas, así como la tónica y dinámica del debate que se dará en el máximo organismo jurisdiccional de nuestra nación. Por ello es fundamental que todos los actores políticos, que la oposición, y que en general la sociedad civil no dejemos de revisar y de seguir muy de cerca todas las decisiones estructurales y técnicas del gobierno federal que incidan e impacten directamente en la conformación de los distintos organismos autónomos, colegiados y jurisdiccionales. Puesto que ahí es donde se esconde el verdadero entramado de poder de las decisiones de una administración, en esos temas que tal vez no sean muy mediáticos (como los sueldos de los ministros) pero que si tiene un impacto directo para la vida orgánica de la nación.
Sergio Santiago Núñez Galindo
Abogado, consultor y candidato a especialista en seguridad nacional y derecho internacional humanitario.
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