Por: Daniel Ambriz Mendoza
Después de analizar documentos, entrevistas, ruedas de prensa, declaraciones en distintos medios informativos, notas periodísticas, el periódico oficial del Gobierno del Estado y columnas de opinión, donde el Gobernador de Michoacán (Silvano Aureoles) explica los fundamentos y las razones en los que se apoyó para regresar los servicios de Educación Básica y Normal a la federación; analizando sus efectos y sus alcances, he llegado a la conclusión de que fue una determinación muy firme en el afán de resolver de fondo el problema de pago de salarios, bonos y prestaciones de los trabajadores de la educación con clave estatal.
La decisión de entregar los servicios educativos que presta el Gobierno del Estado a la Federación, despertó de inmediato un sinfín de interrogantes que denotan la preocupación de los trabajadores estatales.
Su mayor intranquilidad es por lo que pudiera pasar con su seguridad social, su atención médica, su antigüedad en el servicio; en suma, con sus derechos laborales. Y la respuesta es que no pasaría nada; todos sus derechos quedarían a salvo tal como en su momento pasó cuando se firmó el ANMEB. La razón es sencilla: lo que el gobernador de Michoacán busca con la acción ya implementada es que el gobierno federal pague la nómina de los trabajadores estatales; no intenta cambiarlos de régimen. De esta manera, protege los derechos de los trabajadores en todos los sentidos.
La medida que se ha tomado apunta hacia un nuevo acuerdo donde la concurrencia económica de las finanzas estatales sea más justa y al alcance de su presupuesto. No se trata de aventar el arpa. El Gobierno de Michoacán sabe que tiene obligaciones para con la educación que se imparte en la entidad, pero requiere de una mayor participación del gobierno federal. Cuando el ANMEB entró en vigor habían alrededor de 9,406 trabajadores de la educación con clave del estado; la Federación aportaba el 90.4% del presupuesto educativo y el estado el 9.6%.
Al paso del tiempo, la participación presupuestal por concurrencia del Gobierno de Michoacán aumentaba y la participación federal disminuía; en el 2018 la Federación aportó el 79.13% y las finanzas estatales el 20.87%, y el número de plazas estatales superó los 30 mil; la insolvencia se hizo presente y el problema económico por falta de pago se hizo evidente hasta ser insostenible.
Para hacer un análisis justo de la medida adoptada por el Ejecutivo del estado, es necesario despojarnos de fobias y filias. Si juzgamos a priori la conducta del Gobernador de Michoacán podemos caer en percepciones erróneas que nos lleven a emitir un mal juicio.
El Ing. Silvano Aureoles Conejo, al entregar los servicios educativos a la Federación, intenta resolver de raíz el problema de la insolvencia económica. No busca una solución momentánea; de poco sirve conseguir dinero adicional para resolver el pago de adeudos si a la vuelta de año se vuelve a presentar el mismo problema.
Si con la medida implementada se resuelve el problema de pago de nómina, los bonos y las prestaciones de los trabajadores de la educación con clave del estado y no se trastocan sus derechos laborales ni se afecta la seguridad social y sus prestaciones económicas, entonces, lo que debemos intentar los trabajadores de ambos subsistemas es apoyar la medida para que la Federación se haga cargo del pago de los servicios educativos en el estado.
Eso resolvería de tajo un problema añejo que mantiene en constante zozobra a los trabajadores con clave estatal.
Resolver el problema de adeudos y pago de salarios de los trabajadores estatales no debe tener color, al menos en este tema creo que debemos coincidir todos los trabajadores de la educación y actuar en unidad; jalar la cuerda hacia un mismo lado. Los trabajadores con clave federal debemos solidarizarnos con nuestros compañeros del estado.
Pensemos si nos es útil atacar al gobernador cuando está buscando una solución de fondo de un problema. La negociación no será sencilla. Las autoridades locales deben llegar fuertes a la mesa de negociación federal; busquemos abonarle a la solución del problema y no ser parte del conflicto.
De nada sirve confrontarnos y descalificarnos entre los trabajadores. Analicemos las cosas, enfoquémonos hacia el problema real y hagamos tiros de precisión en donde corresponda.
El problema no está entre los trabajadores, y no se resuelve en Michoacán. Levantemos la mira; a todos nos conviene.
Daniel Ambriz, ex vocero del SNTE y ex aspirante a dirigir el sindicato en el 2012.
