Por: Ángeles Nazares Jerónimo
En el marco de la conmemoración del 65º aniversario del sufragio femenino en México, vale la pena hacer un balance respecto de la participación política de las mujeres en el proceso electoral que acaba de terminar, particularmente en cuanto a hacer visibles las violencias de que fueron objeto en el desarrollo del mismo.
El avance más significativo que en materia de derechos humanos de las mujeres tenemos en México, es el relativo a los derechos político-electorales, al introducir en el texto constitucional federal el “principio de paridad”, con ello, México dio cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Paso también a formar parte de las Constituciones locales, en nuestra entidad, el principio de paridad se encuentra consagrado en el artículo 13, Tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, reforma realizada el 18 de noviembre de 2016.
El principio de paridad, constituyó un gran paso para las mujeres, que consideramos que la igualdad formal establecida en las leyes, se traduciría en una igualdad sustantiva, capaz de garantizar el acceso pleno a las candidaturas y con ello a los espacios de toma de decisiones en el Congreso de la Unión, los Congresos locales y en los ayuntamientos; sin embargo, la lucha se tornó aún más feroz y sin precedentes en nuestro país. Cabe precisar que las leyes, empezando por la ley fundamental, establecieron que el cumplimiento del principio paritario correspondería de manera exclusiva a los partidos políticos, por lo que, serían estos y sólo estos, quienes se encargarían de instrumentar los medios y mecanismos que dieran cumplimiento con el multicitado principio.
Los procesos de selección en todos los partidos políticos sin excepción, pasaron de nueva cuenta por la simulación, el fraude a la ley y por el reparto de cuotas y posiciones entre sus militantes varones. Se regresó al viejo discurso que señalaba, la ausencia de mujeres, la existencia de ellas pero sin perfil, incapaces y faltas de preparación académica, argumentaron también, que las mujeres no tenían el deseo de participar en política y que somos altamente influenciables, por lo que, serían sus parejas, esposos, padres, hermanos, dirigentes políticos, los que realmente tomarían las decisiones en los cargos a los que eventualmente pudiera llegar, nos regresaron a aquel momento histórico en el que se decía que las mujeres no deberían tener el derecho al voto, porque serían aconsejadas y manipuladas por sus confesores, es decir, continúan viéndonos como incapaces y necesitadas de tutores, lo que, dista mucho de la realidad. Por lo cual, las decisiones que se han tomaron, con el objetivo de cumplir con la paridad trajeron más vulneración de derechos, que una real posibilidad de ejercer los derechos político-electorales de muchas mujeres, capaces, profesionales y con trayectorias partidarias y políticas de gran reconocimiento social, al interior y exterior de los diferentes partidos políticos.
En el reciente terminado proceso electoral, es cuando más misoginia se mostró entre quienes de manera institucional y fáctica dirigen los partidos políticos, quienes de manera directa ejercen un gran control sobre sus huestes femeninas, además de que imperó un gran pragmatismo en la postulación de candidaturas, pues, se les utilizo para ocupar candidaturas en distritos y municipios donde no son originarias, ni tienen un trabajo político reconocido que las respalde en ellos, las han usado para ocupar candidaturas en otros institutos políticos, donde han desplazado a mujeres con trayectoria partidaria y política, lo que representa grandes retrocesos en cuanto a la representación política de las mujeres; porque, no era, ni es estar, en contra de las mujeres designadas como candidatas, sino era y es estar, en contra de los procedimientos de designación de candidaturas y que los espacios sigan siendo propiedad de los hombres y que sean ellos, quienes decidan el futuro político de las mujeres.
Con el objetivo de que el fenómeno de las denominadas “Juanitas”, no se volviera a repetir, se estableció que la composición de las fórmulas fuera por personas del mismo género y que las mujeres no fueran utilizadas para dar un cumplimiento ficticio a la ley; No dio los resultados esperados, pues, en nuestra entidad, se reeditado esta práctica que no encuentra justificación más que en el hecho de que los hombres se niegan a dejar el poder, daré cuenta de ello, señalando que el entonces Diputado Local Raúl Pietro Gómez, integrante de la LXXIII legislatura, pretendía ser candidato a la Presidencia Municipal de Zinapécuro, pero como correspondía a mujer, designaron como candidata a su esposa la Sra. Susana Patiño, otro caso, lo es el que se dio en el municipio de Nocupetaro, en el que la esposa del Diputado Local Juan Figueroa Gómez, la Sra. Lilia Atanea Sánchez Peña, es la candidata a Presidenta Municipal y el Diputado Local es el candidato a Síndico Municipal, en la misma planilla que encabeza su esposa, en Múgica el presidente municipal Salvador Ruíz Ruíz impuso a su esposa como candidata a la presisencia municipal, la Sra. Sandra Patricia Contreras Cárdenas.
Otros casos, francamente lamentables, son los ocurridos en Oaxaca en donde 17 hombres se hicieron pasar por transgénero para obtener una candidatura y cumplir con la paridad, hechos que fueron denunciados por la portavoz de la comunidad muxe del municipio de Juchitán Oaxaca, quien señaló que, los individuos no forman parte de la comunidad muxe y que por el contrario es conocida su relación matrimonial y la procreación de hijos con mujeres, incluso algunos de los candidatos buscaban reelegirse como presidentes municipales y en sus cargos anteriores no manifestaron ser transgénero.
La Ley del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en el artículo 16 establece que los integrantes de la comunidad muxe pueden registrarse como candidatos de acuerdo al género en el que se asuman y se asumen en el género femenino. La comunidad muxe fue respaldada por diversas organizaciones y colectivos defensores de los derechos de las mujeres, en particular por el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres en Oaxaca, quienes mediante el Procedimiento Especial Sancionador, solicitaron la cancelación de las candidaturas, además de que se sancionará a los partidos o coaliciones postulantes, ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en Oaxaca, quien ordeno cancelar las 17 candidaturas de quienes se hicieron pasar por trangénero, siendo estos, Luís Armando Martínez Morales (Cosolapa), Pedro Osiris Agustín Cruz (San Pedro Ixcatlan), Roberto Ferrer Espinoza (San José Chiltepec), Alejandro Javier García (San Antonio Castillo Velazco), Carlos Ceballos Rueda (Santiago Loallaga), Alfredo Vicente Ojeda Serrano (San Juan Bautista lo de Soto) de la Coalición por México al Frente, formada por PAN, PRD y MC; Carlos Quevedo Fabián (Santa María Tepoxco), Santos Cruz Martínez (Cuilapam de Guerrero) de la Coalición por México integrada por el PRI, PVEM y NA. Yair Hernández Quiroz (Chalcatango de Hidalgo), por Nueva Alianza y Emmanuel Martínez Palacios (San Juan Cacahuatepec) de Movimiento Ciudadano, en la misma situación de engaño se encontraron los suplentes. (Con información del Mañanero Diario y Oaxaca Capital)
Estos procesos electorales, no solo se caracterizaron por la simulación y el ficticio cumplimiento de la paridad, sino también, por el incremento de los diferentes tipos de violencia en contra de las mujeres candidatas. 17 mujeres fueron asesinadas, tan solo el 02 de junio murieron 4 mujeres de las cuales dos eran candidatas y dos colaboradoras. Juana Maldonado candidata a diputada por el estado de Puebla, quien acompañada de Erika Cázares fueron asesinadas. De igual manera Pamela Terán y María del Sol Cruz Jarquín, candidata a concejala en Oaxaca y fotógrafa, respectivamente. Además de Liliana García, candidata a regidora en el municipio de Ignacio Zaragoza en Chihuahua, que fue asesinada el 06 de mayo y de Maribel Barajas candidata a diputada local por el distrito 22 de Múgica, en Michoacán del PVEM. Rosely Chely Magaña Martínez, candidata a regidora en Isla Mujeres, Quintana Roo, quien murió el 11 de junio, después de haber sido atacada en un acto político. (Con información del Universal).
De conformidad con Ettelekt, consultores en análisis de riesgos, durante este periodo se han registrado 382 agresiones globales en contra de políticas/os y candidatos/as en 31 entidades y 252 municipios del país, siendo las mujeres, particularmente las más afectadas. (Con información de Regeneración). De acuerdo con el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, las estadísticas señalan que las mujeres políticas violentadas, son: 37 candidatas, 11 precandidatas, 5 alcaldesas, 4 militantes, 2 exdiputadas locales, 2 síndicas, 2 diputadas federales, 2 exalcaldesas, 1 diputada local, 1 regidora y 1 exdiputada federal. El tipo de agresiones que recibieron fueron; 35 amenazas e intimidaciones, 17 asesinadas, 8 atentados contra familiares, 7 agresiones físicas, 5 asaltos con violencia, 4 secuestros y 1 agresión con arma de fuego. De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), se han denunciado 200 casos de violencia política. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la PGJE registro 20 denuncias por violencia política contra mujeres candidatas a un cargo de elección popular en nuestra entidad. Michoacán se sitúo en el cuarto estado con más casos de violencia política de género, con 3 asesinatos de mujeres políticas, un secuestro, un asalto con violencia (a la comitiva de María de Jesús Patricio) y violencia cibernética (a Daniela de los Santos).
Con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia de que estaban siendo víctimas las mujeres políticas, se realizado diversas campañas, como: “#NOESELCOSTO” de IDEA Internacional y “#AltoAlaViolenciaPolítica”, de organizaciones de la sociedad civil, a través de las cuales y por medio de las redes sociales, se convocó a concentraciones masivas en plazas y zócalos el 14 de junio pasado, con el objeto de denunciar y condenar los actos de violencia política de que estaban sido objeto las mujeres, también se crearon desde los espacios institucionales los Observatorios de Participación Política de las Mujeres, como es el caso de Michoacán, lugar al que las mujeres candidatas podían acudir a presentar sus quejas y denuncias. Este Observatorio, tuvo conocimiento de 7 casos de mujeres contendientes de los municipios de Morelia, Zanapecuaro y Múgica. Respecto de Morelia, se trató de la Candidata a Presidenta Municipal Daniela de los Santos, quien fue objeto de ataques a su vida personal e íntima en redes sociales. En Zinapecuaro, la entonces alcaldesa María del Refugio Silva Durán, quien se estaba reeligiendo, no le fue permitido ejercer su cargo como presidenta municipal en funciones, por parte del síndico y los regidores varones, además del asesinato de Maribel Barajas, quien fuera candidata a Diputada Local por el Distrito 22 con cabecera en Múgica. (Con información de Respuesta).
A lo anterior, se suman los hechos acontecidos, el 06 de abril del año en curso, día en el que el dirigente estatal de MORENA, denuncio que la candidata a presidenta municipal en Venustiano Carranza, Margarita Cendejas Valencia, fue levantada y liberada horas más tarde, (con información de METAPOLÍTICA), la tarde del miércoles 18 de abril, fue asesinada a balazos Yolanda Mayela Macías, quien era asistente de la candidata a Presidenta Municipal de Venustiano Carranza, por el Partido de la Revolución Democrática, (Con información del Sol de Morelia). La candidata a presidenta municipal por el municipio de Álvaro Obregón del PT, María Lourdes Torres Díaz, el 17 de mayo fue raptada por un comando armado conformado por 6 personas, quien después de varias horas de tenerla privada de su libertad, fue liberada (con información de primeraplananoticias). El 14 de junio y a manos de elementos de la SSP en la entidad, desapareció Sandra Guadalupe Bernal Ruíz, esposa de Francisco Bolaños Carmona candidato a presidente municipal en Contepec, esto de acuerdo con la representante del Partido del Trabajo ante el IEM Marcela Casillas, quien además señalo que fueron golpeadas Ma. Lourdes Campos Carrazco y María de la Luz Martínez Guzmán, quienes se desempeñaban como brigadistas de ese Instituto Político.
A esto se le suma que la violencia política por razones de género, no se encuentra tipificada como delito, ni a nivel federal, ni a nivel local. Lo que constituye una gran limitante para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de este tipo de violencia, de nada sirvieron, protocolos, guías o instrumentos que establecían los medios y pasos para presentar una queja o denuncia por violencia política, si esta no se encontraba, ni se encuentra tipificada como delito, por lo que es necesaria y urgente su tipificación, en los Códigos Penales. Actualmente, solo tres entidades federativas contemplan como delito la violencia política y estos son, Oaxaca, Estado de México y Veracruz.
Estos lamentables hechos, nos llevan a concluir en esta primera parte, que la participación política de las mujeres, es aún un anhelo por alcanzar y que no basta con que se encuentre en la ley, es necesario modificar las estructuras sociales que enraizadas en el machismo se niegan a dejar que las mujeres accedan a los espacios de poder. Sin duda, que la paridad, es un medio, por el cual, se debe acelerar la participación política de la mujer y que los derechos de reconocimiento y de participación sean una realidad en la que las mujeres puedan participar en mejores condiciones de competencia electoral con los hombres y que, esto no impliquen un riesgo en su integridad física como ocurrió en estos procesos electorales. Esta es la primera de dos partes, por lo que en la siguiente me refiere a los mismos aspectos, pero suscitados después del día de la jornada electoral.
