El exhorto se realizó a propuesta del diputado Manríquez González y los legisladores Jesús Hernández Peña y Eréndira Isauro Hernández, presidente e integrantes respectivamente de la Comisión de Migración del Congreso local
La LXXV Legislatura del Congreso del Estado exhortó este jueves a las autoridades de los 113 municipios michoacanos a la creación de acciones encaminadas a la atención de los Michoacanos migrantes que resulten afectados por la ley SB 1718 expedida en Florida.
El exhorto se realizó a propuesta del diputado Víctor Manríquez González y los legisladores Jesús Hernández Peña y Eréndira Isauro Hernández, presidente e integrantes respectivamente de la Comisión de Migración del Congreso local.
Al hacer uso de la Máxima Tribuna del Estado, el diputado Víctor Manríquez González recordó que el pasado primero de julio de 2023 entro en vigor en el Estado de Florida, la Ley SB 1718, firmada por su gobernador Ron DeSantis.
“Dicha Ley obliga a los empleadores privados con 25 o más empleados a aplicar un criterio de criminalización con las nuevas contrataciones de indocumentados que realicen, obligándolos a usar el sistema E-Verify para los nuevos empleados, con la amenaza de la suspensión de sus licencias y multas de mil dólares diarios”.
El diputado de Movimiento Ciudadano señaló que también la referida Ley crea el requisito de que los servicios de salud, incluidos hospitales y salas de emergencia, exijan la demostración de estatus legal antes de proveer servicios médicos.
“Otra de las acciones que hace, es que el transporte de personas al estado de Florida sin un estatus migratorio sea un delito punible con hasta 15 años de prisión”.
Víctor Manríquez apuntó que tales medidas erosionarán la seguridad y la salud pública, empujando a millones de familias michoacanas de estatus mixto a las sombras y propiciando su explotación.
“A través de la Comisión de Migración manifestamos el rechazo absoluto ante estas medidas que conlleven actos de discriminación y perfilamiento racial para nuestros paisanos, ya que afectará los derechos humanos de miles de michoacanos, creando ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en su contra”.