Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2022.- En la legislación michoacana ya no será lo mismo intentar robar que intentar matar a una mujer, como lo venía estableciendo nuestro Código Penal del Estado, subrayó la diputada Julieta Gallardo Mora, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el Distrito de Puruándiro, celebró que este jueves finalmente se hayan aprobado en el Congreso las reformas al Código Penal del Estado en materia de feminicidio, entre las que se incorporó su iniciativa para incrementar la punibilidad por tentativa de feminicidio.
“Sin duda el feminicidio es un delito complejo, pues tiene varios bienes jurídicos tutelados: la vida, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia; por lo que resultaba al mismo tiempo en un delito altamente lesivo e insuficientemente sancionado en su carácter de tentativa dentro de nuestro marco normativo”.
La legisladora recordó que cada día una mujer es asesinada en México por el hecho de ser mujer, mientras que la mayoría de las mujeres casadas o con novio han sufrido algún tipo de violencia machista, y más de 12 millones soportan el terror al interior de sus casas, y en la intimidad de su relación.
Asimismo recordó que alrededor de ocho millones mujeres han sido asfixiadas, cortadas, quemadas, y han reconocido padecer depresión, mientras que cuatro millones de mujeres son sobrevivientes de la muerte y han sido reconocidas en un juicio como víctimas de intento de feminicidio, sin que se castigue ejemplarmente dicha situación.
“El feminicidio es un delito complejo, que coincide con el homicidio, respecto de un bien jurídico tutelado, la vida, pero cuya estructura es diferente, porque la conducta no es típica por el mero hecho de la privación de la vida”.
Julieta Gallardo destacó la obligación del Estado para investigar conforme a la debida diligencia a fin de procurar justicia.
“Resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección”.
