Morelia, Michoacán.- El feminicidio, es un delito que no sólo atenta contra la vida de las mujeres, sino que vulnera otros derechos como la dignidad, la libertad, la seguridad y sobre todo, la igualdad y la no discriminación pues la naturaleza de esta conducta, es motivada por el género de las víctimas.
Así lo indicó la diputada Andrea Villanueva Cano durante la sesión ordinaria de este miércoles, en la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 120 del Código Penal del Estado de Michoacán.
La legisladora de Acción Nacional, reconoció que a pesar de contar con un marco jurídico en el país que reconoce normativamente la perspectiva de género, como método para eliminar prácticas sociales e institucionales que antes impedían la igualdad entre mujeres y hombres, aún se reproduce la violencia sistemática, estructural y generalizada en contra de las mujeres.
Si bien, gracias a la lucha de muchas mujeres se ha logrado plasmar las circunstancias enunciadas en el artículo 120 del Código Penal en materia de feminicidio, a través del tiempo y en medio de procesos, errores, de la inadecuada preparación y capacitación con la que opera la justicia, por pruebas que no se supieron resguardar correctamente o por una carpeta de investigación deficientemente armada, se dilata la justicia para las víctimas y sus familias.
Por ello, Villanueva Cano propuso que la privación dolosa de la vida a una mujer sea consignada como feminicidio y se aumenten las penas de 30 a 60 años; asimismo, a no dejar de lado las propias circunstancias de razones de género que agravarían la pena, y que cuando se actualicen dos o más de las ya establecidas, la pena sea de cuarenta a sesenta años de prisión.
Aunado ello a la agravante cuando se trate de una menor, donde las penas aumentarán hasta una mitad más, si la víctima fuese menor de edad o incapaz de resistir el hecho.
De esta manera, Andrea Villanueva insistió en la necesidad de aspirar como sociedad en alcanzar una verdadera igualdad, promoviendo desde el Ejecutivo del Estado y en todos los niveles de gobierno de manera permanente, políticas públicas que permitan la erradicación de la violencia y así, garantizar la justicia para las víctimas y sus familias.
