Aprueban diputados reformas a Ley de la Administración Pública del Estado

Morelia, Michoacán.- Los recursos humanos, materiales, financieros de la Secretaría de Gobierno, en materia de Administración del Trabajo y Previsión Social, se transferirán a la Secretaría de Desarrollo Económico, junto con los expedientes, archivos, acervos y demás documentación en cualquier formato que se encuentre bajo su resguardo, luego de que el Pleno de la 75 Legislatura del Congreso del Estado, aprobó reformas a la Ley de Administración Pública.

Con el Proyecto de Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Ley de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y dictaminado por la Comisión de Gobernación, se pretende que la Secretaría de Desarrollo Económico, tenga bajo su coordinación las políticas, programas y acciones que faciliten el acceso al empleo.

De igual forma, se garanticen las condiciones dignas del trabajo y la previsión social de quienes prestan sus servicios a cualquier patrón, y coordinen la modernización de la atención al ámbito laboral.

En el dictamen aprobado quedó de manifiesto que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para cumplir con el del Plan Estatal de Desarrollo, tiene facultades para crear, suprimir, otorgar facultades, a los distintos órganos que integran la Administración Pública Estatal, y que con dicha iniciativa, la Dirección del Trabajo deja de ser parte de la Secretaría de Gobierno, y se incorpora a la SecretarÍa de Desarrollo Económico, para fortalecer las reformas en materia laboral que se están llevando a cabo, para la armonización de la misma en el ámbito federal.

Así mismo, que el desarrollo económico de Michoacán es prioritario para avanzar hacia la transformación, por ello la Secretaría de Desarrollo Económico, además de mejorar la interlocución y apoyo a las iniciativas empresariales, tendrá bajo su coordinación las políticas, programas y acciones que faciliten el acceso al empleo, garanticen las condiciones dignas del trabajo y la previsión social de quienes prestan sus servicios a cualquier patrón, y coordinen la modernización de la atención al ámbito laboral, competencia del Ejecutivo Estatal, así como las que convenga con el Gobierno Federal.

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