Morelia, Michoacán.- La labor de los organismos autónomos debe garantizarse desde la aprobación de su presupuesto, mismo que debe ser efectivo, sin excesos y acorde a la realidad económica que enfrenta Michoacán, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La también vicepresidenta del Congreso participó este martes en los encuentros que las comisiones de Presupuesto y Hacienda sostuvieron con los presidentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio Tinoco Álvarez; del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Areli Yamilet Navarrete Naranjo; del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez; y del Tribunal Electoral del Estado, Salvador Pérez Contreras.
La diputada por el Distrito de Puruándiro apuntó que tras conocer los pormenores de las propuestas presupuestales para el 2022 de los organismos autónomos, el Congreso del Estado cuenta con mayor claridad sobre las necesidades que éstos enfrentan para el cumplimiento de las responsabilidades que les mandata la Ley.
“Sabemos de las carencias económicas por las que atraviesa el estado y que los recursos son limitados, sin embargo debemos generar condiciones para garantizar la operación de los organismos que tienen en sus manos responsabilidades fundamentales para el acceso y garantía de derechos de las y los michoacanos”.
La integrante de la Representación Parlamentaria recordó que esta semana habrá de llegar el paquete económico estatal para 2022, y ahí se analizará la propuesta presupuestal que el Ejecutivo del Estado presente sobre los organismos autónomos.
“Es común que los presupuestos aprobados propuestos por los organismos no permanecen intactos en el Presupuesto de Egresos que presenta el Ejecutivo del Estado, sin embargo, en manos del Congreso está la aprobación del paquete económico, y es por ello, con base a los elementos que hoy nos fueron expuestos que habremos de realizar la toma de decisiones”.
Apuntó que la definición que realicen las y los diputados sobre el presupuesto de dichos organismos, no debe darse con base a revanchismos o criterios de índole político, sino estrictamente a criterios técnicos y económicos.
