Morelia, Michoacán.- El fenómeno del desplazamiento forzado evidencia la derrota del Estado Mexicano para garantizar la seguridad de la población, subrayó la diputada Julieta Gallardo Mora, presidenta de la Comisión Especial de Investigación y Combate a la Desaparición Forzada de Personas y los Desplazamientos Forzados, de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el Distrito de Puruándiro, subrayó que es terrible y dolorosa la realidad que enfrentan miles de familias mexicanas, al tener que abandonar sus hogares y la vida que han construido para garantizar su integridad.
Recordó que durante el primer trimestre del año, organizaciones defensoras de derechos humanos, reportaban un incremento del 332% en los casos de desplazados en México con respecto al mismo periodo de 2021.
“El fenómeno es de tal gravedad que la Corte Interamericana lo ha declarado como una violación continúa y múltiple de derechos humanos, ya que mientras no se garantice una permanencia segura de las personas en sus hogares, la violación a sus derechos es permanente”.
La también vicecoordinadora de la Mesa Directiva del Congreso refirió que aún falta por ahondar en materia estadística sobre los casos de desplazamiento forzado en el país, y que la labor de seguimiento al fenómeno la han dado las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos.
En ese sentido, la integrante de la Representación Parlamentaria, apuntó que entre enero y agosto de este 2021, organizaciones como la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, reportaba un total de 11 mil 561 personas desplazadas de sus hogares.
“Vivimos un momento crítico en materia de desplazamiento forzado, la inseguridad se ha vuelto una de las principales causas, en donde estados como Michoacán están pagando un alto costo, sin que se observen medidas efectivas para su atención”.
Gallardo Mora recalcó que en los últimos tres años el desplazamiento forzado se ha vuelto masivo en México, sin que existan opciones de atención viables para las y los mexicanos que se ven afectados por éste, de ahí la urgencia de instrumentar acciones que obliguen a las autoridades a atender y dar solución no sólo a los efectos sino también a la raíz del problema.
