Por: Horacio Erik Avilés Martínez
Después de varios años en campaña, un cuatrimestre como presidente electo y doce días como Presidente de la República, el Lic. Andrés Manuel López Obrador cumplió lo prometido: impulsar una reforma a la normatividad vigente en materia educativa en la nación.
Resulta natural que, después de la inconformidad y polémica reciente, se promoviese una serie de medidas que compensen las inequidades que se generaron en la implementación de la reforma educativa del sexenio pasado.
La forma se convirtió en un abismo sin fondo, ya que se cayó en contrasentidos tales como el dedicar cinco veces más presupuesto para la evaluación docente que para la formación y capacitación continua de los maestros, principales garantes del derecho a aprender de los niños, niñas y jóvenes.
Las falencias en la puesta en marcha de la política pública repercutieron ampliamente en el debido desarrollo del proceso de evaluación del desempeño docente, por carecer de una insustituible etapa previa de formación y capacitación debidamente conformada, la cual dicho sea de paso es mencionada como obligatoria para la parte patronal de acuerdo con el Artículo 123 constitucional.
Por ejemplo, en una fábrica, cuando se instala una nueva línea de producción, el patrón está obligado a proveer capacitación para el personal, gratuitamente y en horario laboral. ¿Por qué ello no se contempló en el diseño de la evaluación docente?
Debido a los errores de la formulación e implementación de la evaluación docente la opinión pública asumió como propio el calificativo de “punitiva”, al no haber suficientes elementos desde la parte oficial para refutar con contundencia el epíteto, ni mucho menos mayores acciones correctivas, dejando el ciclo de la política pública inconcluso y definiendo con ello la suerte que correría.
En la Iniciativa del Ejecutivo federal, con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 3° 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resulta favorable que se cree un centro para la revaloración del magisterio nacional, que durante muchos años ha sido el gran olvidado en la formulación, ejecución y seguimiento de la política pública nacional.
Genera cierta incertidumbre el hecho de que es aún apenas una iniciativa la enviada a la Cámara de Diputados, la cual requiere de aprobarse y que entre en vigor por el procedimiento estipulado en la normatividad. En su momento requerirá de una reglamentación, de presupuestación, de fijar metas e indicadores de medición, por lo que el proceso de conversión de normatividad a su implementación cabal será largo y sinuoso, máxime que se tiene relativamente fresco en la memoria el proceso vivido durante el sexenio pasado, así como sus resultados, llenos de contrastes.
En la iniciativa de AMLO resulta favorable que el enfoque reforzado a la inclusión y la equidad se den de manera tan reiterada y que por fin aparezcan los niños, niñas y jóvenes y se reconozca su derecho a aprender como el interés supremo de toda medida educativa, por lo que debemos centrarnos en los mecanismos de implementación que se construyan al respecto. Sin embargo, sorprende la desaparición de la mención de la educación inicial, máxime que está demostrado que es en la más tierna infancia cuando más surte efecto una formación integral para los seres humanos.
Ya se remedió la situación de la autonomía universitaria, borrada por un “error mecanográfico”, pero el tiempo sigue transcurriendo y los niños mexicanos de 0 a 3 años continúan con incertidumbre respecto a si tendrán continuidad en los servicios educativos que reciben.
Por otra parte, es importante señalar que, si bien en la iniciativa de AMLO desaparece el concepto de calidad, siendo trocado por el de excelencia. Recordando que la calidad es definida por la satisfacción de las expectativas generadas por un producto o servicio por parte de la demanda, mientras que la excelencia es la cualidad de excelente que se define con base en una escala de medición, establecida por la definición operativa de variables y dimensiones determinadas.
Al final, tanto en la definición de excelencia como en la de calidad, los criterios imperantes para evaluarles son definidos por criterios en los que interviene indefectiblemente la subjetividad. Entonces habremos de esperar los términos en los que es definido el nuevo término por parte de las instancias competentes y el proceso de respectiva consulta para su construcción.
En suma, el reto principal será la implementación de la política educativa en la nación, ya que para lograr que esta modificación constitucional surta efectos en las aulas se debe aún recorrer un proceso largo que va a implicar mucho diálogo, encuentros y desencuentros, por lo que no hay que caer en el error de asumir que un cambio en la normatividad implica un cambio inmediato en la realidad. Especialmente, será interesante conocer si se logrará implementar en el sistema educativo nacional el reconocimiento de la diversidad y lo intercultural, con énfasis en impulsar el empoderamiento de las comunidades indígenas, conformando un modelo educativo integral e inclusivo, en el que a su vez se revalore la figura de los maestros, con pleno respeto a los derechos profesionales de los docentes, quedando como interrogantes si se fortalecerán la formación inicial y continua para el magisterio.
En los gobiernos estatales y municipales será también de dar seguimiento si habrá interlocución, negociación y consenso que les dote de capacidades para responder en lo educativo desde el contexto local y si habrá empoderamiento normativo con asignación de recursos para las entidades federativas y municipios, para que florezca la educación como proyecto social endógeno con pleno reconocimiento de la necesidad de ampliar espacios y mecanismos para una participación amplia: docentes, familias, niños, niñas y jóvenes, organizaciones sociales, autoridades locales, académicos, medios de comunicación y la sociedad en general. Estaremos muy atentos.
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