Columna de opinión
Por: Rafael García Tinajero Pérez.
A 17 de Septiembre de 2018.
Ya es un lugar común , la educación en México es de mala calidad. Un hecho aceptado prácticamente por cualquiera, que corresponde plenamente a la realidad y es fácilmente verificable pues sus efectos se dejan sentir en todos los ámbitos.
Se sabe y hay también evidencia, desde hace tiempo, que la preparación de muchos de los que acceden a los puestos públicos, sea por designación o elección popular, son genuino producto de este sistema educativo y que una preparación deficiente para cumplir las funciones propias de su investidura es regla y no excepción. No exagero al afirmar que poco menos de la mitad de nuestros diputados federales actuales carecen de educación superior ya sea técnica o profesional. Esto se refleja en lo que proponen, debaten, dictaminan, aprueban y votan. Y no tenemos que ir muy lejos en el tiempo, la legislatura es joven y ya hay muestras contundentes de lo anterior y una de ellas se dio hace menos de una semana cuando al grito de “¡va a caer, va a caer, la reforma educativa va a caer”, una horda de legisladores aprobó una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en la que:
“La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Secretaría de Educación Pública, en particular a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y a las autoridades educativas de todas las entidades federativas a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y en su caso reformado el marco normativo que rige dichos procedimientos”
La Cámara baja del poder legislativo federal, uno de los poderes de la Unión, exhortando a otro poder, el ejecutivo federal y los de los estados , nada más y nada menos que a incumplir la ley, sería cómico si no fuera tan grave.
, nada más y nada menos que a incumplir la ley, sería cómico si no fuera tan grave.Los que propusieron y los que votaron a favor de este punto de acuerdo revelan su profunda ignorancia. En primer término de la naturaleza, carácter y alcance legal de este instrumento legislativo que no es otra cosa que un documento mediante el cual un legislador, grupo parlamentario o el pleno, exponen una postura o propuesta en torno a asuntos de diversa índole y asumen una posición como órgano colegiado respecto a asuntos de la competencia de otros poderes federales o de los estados o del propio Congreso manifestado mediante un exhorto, pronunciamiento, recomendación o convocatoria. Algo importante también es que el punto de acuerdo no es vinculante.
La segunda cuestión que ignoran es que de ningún modo el legislativo puede exhortar, recomendar, pronunciarse o convocar , al Poder Ejecutivo en este caso, a incumplir su obligación fundamental que es, precisamente, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la leyes que de ella emanan.
Hay tres leyes, en materia de evaluación docente , que deben ser obligadamente cumplidas en tanto no sean derogadas, la Ley General de Educación; la Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
El camino no era una absurda Proposición con Punto de Acuerdo. El camino es proponer Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto para reformar o derogar las leyes producto de la llamada Reforma Educativa. Tienen la atribución legal y seguramente tendrán los votos para hacerlo.
Hay también legisladores preparados, políticamente respetados y capaces, cultos. Bien harían en exhortar a sus compañeros a llevar con la debida prestancia la representación popular que ostentan.
