Columna de opinión
Por: Hugo Rangel Vargas
El pasado 11 de septiembre se cumplieron 45 años del fatal golpe militar que acabaría con el gobierno legítimo de Salvador Allende en Chile y con la vida misma del presidente socialista de aquella nación sudamericana quien habría arribado al poder por la vía democrática y en una alianza singular entre un partido cristiano y el bloque de izquierda que le había postulado como su candidato presidencial originalmente.
Por las redes sociales, en manifestaciones en las calles que no se limitaron a Chile, en la tinta de las rotativas de cientos de diarios por el mundo entero; se recordó a este mártir que entregó su vida a un proyecto de emancipación de su patria por la vía pacífica. La vocación de Allende y su tenacidad sedujo al propio Fidel Castro y a muchos soñadores del mundo entero, pero pisó los callos de los intereses del imperio.
En septiembre de 1974, un reportaje publicado por The New York Times y suscrito por el periodista Seymour Hersh, señalaba: “La CIA financió secretamente huelgas sindicales y gremiales en Chile por más de 18 meses, antes de que el Presidente Salvador Allende fuera derrocado, señalaron diversas fuentes de inteligencia”. El propio texto, que puso en jaque al gobierno norteamericano frente a la opinión pública apenas un año después del golpe militar, habla de 8 millones de dólares destinados, a través del señalado organismo de inteligencia norteamericano, para actividades clandestinas en aquel país.
Conforme han pasado los años y se han ido desclasificando documentos del gobierno estadounidense, ha sido evidenciada la intervención de este en las maniobras tendientes a desestabilizar al gobierno socialista de Chile encabezado por Allende. No era para menos, en 1971 apenas ascendido al poder, el mandatario sudamericano decretó la nacionalización de grandes empresas mineras, entre ellas las norteamericanas Anaconda y Kenecott, situación que el gobierno estadounidense tomó como una declaratoria de guerra económica y respondió con un embargo comercial al cobre chileno.
Las hostilidades emprendidas por el gobierno norteamericano no pararon con esa medida. Prosiguió la creación de pánico a través de los medios de comunicación que fueron financiados por la CIA para difundir, en un inicio, noticias falsas sobre desabasto de alimentos (recientemente se ha revelado, por ejemplo, que el gobierno estadounidense adquirió una estación de radio en Chile por 25 mil dólares para hostigar al gobierno de la Unidad Popular). Esto derivó en un fenómeno especulativo que llevó a un alza de precios generalizada, lo cual parecía inexplicable frente al crecimiento del nivel de la producción que reflejaban las cifras de la economía chilena en aquellos años.
Las consecuencias de la dictadura militar que encabezó Augusto Pinochet por 13 años son dolorosas: miles de familias separadas, un número incalculable de chilenos desaparecidos, el horror de los crímenes y la persecución por causas políticas, la tortura inhumana que sufrieron muchos a manos de los cuerpos de seguridad al servicio del estado.
Pero la coincidencia histórica puso a Norteamérica frente al horror que causa la intromisión en la soberanía de los pueblos justamente un 11 de septiembre de 2001, cuando sufre en su propio territorio un ataque terrorista. La cuota de sangre la pagaron miles de inocentes como consecuencia de la satanización al mundo musulmán que tiene como objetivo prioritario para los grandes consorcios norteamericanos la apropiación, ya no del cobre, sino del petróleo que se encuentra bajo las tierras de los países del medio oriente.
Mas de cuatro décadas y las infamias se acumularon, las invasiones prosiguieron, la garra del imperio se sigue extendiendo causando dolor y miseria. Palestina, Siria, Venezuela; aportan imágenes que caen por cascada precedidas de un discurso que justifica la intervención con una falsa careta de defensa de la democracia, tal y como ocurrió en el caso chileno hace 45 años.
Hugo Rangel Vargas, es Licenciado en Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con amplia experiencia en políticas públicas y sociales.
