Redacción: Apro
Ciudad de México. 14 de septiembre de 2018.- Un mensaje claro: no habrá persecución de políticos ni empresarios en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el político que, en las lides de oposición, desde 2006, denunciaba a “la mafia del poder” y advertía que estos impedían su victoria por la vía del fraude.
En la presentación de uno de sus programas más anunciados durante la campaña electoral, al que desde los días que siguieron a su triunfo electoral impuso por nombre “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el presidente electo dejó en segundo plano su oferta de política pública, pues en su intento por garantizar discursivamente que no permitirá la corrupción, terminó anunciando que “ningún famoso”, político o empresario, será perseguido ni preso en su gobierno.
“No vamos a perseguir a nadie. No es mi fuerte la venganza. No vamos a la política de siempre de, por razones de espectacularidad, meter a la cárcel a algún famoso de la política o el sector empresarial o del mundo, incluso del espectáculo. Nada de eso. No necesitamos eso, pero, desde luego, hay procesos en curso”, dijo.
La declaración ocurre en medio del nuevo escándalo que involucra a Rosario Robles Berlanga, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) quien, el pasado martes, en conferencia de prensa, desafió a la siguiente administración a investigarla, como parte de su reacción a un reportaje del diario Reforma en el que se acreditó el desvío de 700 millones de pesos en efectivo durante su gestión en la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de la que es extitular.
El escándalo de Robles se suma al cúmulo de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el desvío de siete mil 670 millones de pesos; la desaparición de 13 mil 500 millones destinados a población indígena inexistente, así como a otros tantos casos de corrupción encontrados durante la administración de Enrique Peña Nieto.
